La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que las máquinas tragamonedas son legales en nuestro país, pues no constituyen un juego de azar -los cuales están prohibidos en todo el territorio nacional, junto con las apuestas-, sino que son un sorteo “de números y símbolos”.
De esta manera, los ministros de la SCJN resolvieron una controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados para impugnar la reglamentación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, expedida por el presidente Enrique Peña Nieto, para regular este tipo de máquinas.
Con ello, se abre la puerta para la legalización de un mercado multimillonario que, de acuerdo con cálculos de la Secretaría de Gobernación, genera desde la ilegalidad ganancias cercanas a mil millones de pesos semanales. Según la dependencia, en 2014 operaban ilegalmente en nuestro país unas 75 mil máquinas de este tipo, aunque la Cámara de Diputados estima que el número se acerca a 250 mil.
Este millonario negocio tiene un potencial de crecimiento apabullante, si se toman en cuenta las cifras de ganancias que genera en la clandestinidad, y también su diseminación en países como Estados Unidos, en donde los casinos, juegos de azar y máquinas tragamonedas son legales. De acuerdo con Nielsen Scarborough, 61.83 millones de personas jugaron en máquinas tragamonedas en 2015 en el país vecino. Estas máquinas, según Mellman Group son el juego más popular en casinos estadounidenses por un margen apabullante de 44 por ciento, mientras que el segundo juego más popular es el Black Jack, con un 16 por ciento.
Muchas organizaciones de la sociedad civil están en contra de la legalización de este tipo de juegos y de los casinos en general, pues aseguran que están directamente relacionados con el deterioro de las condiciones de vida de la población.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, entre las consecuencias negativas de la instauración de casinos y juegos de azar en las poblaciones de ese país -sobre todo en territorios reservados a la población nativa americana- están: un aumento del 10 por ciento en robo de autos, hurto, crímenes violentos, bancarrota de municipios tras cuatro años de la apertura de un casino. Además advierte que, debido a que las ganancias producto de la actividad de estos establecimientos no son gravables, “su presencia en muchos estados posiblemente desvía fondos de actividades gravables”.
