Las farmacias de Walmart, Walgreens y CVS ayudaron a expandir la llamada “crisis de opiáceos” que generó sobredosis fatales en más de 100 mil personas en dos condados del estado de Ohio, en los Estados Unidos.

Lo hicieron al distribuir analgésicos de forma masiva, determinó este miércoles 24 de noviembre un juez de un tribunal de ese país.

Las tres empresas, según la sentencia, actuaron de manera ilegal al vender grandes cantidades de opiáceos en los condados de Lake y Trumbell.

Esto generó lo que el juez dice fue un “excedente de oferta” de esta clase de drogas y “molestias públicas”.

El caso es muy importante porque determina un precedente: es que se trata de la primera ocasión en que distribuidores de fármacos, en lugar de sus fabricantes, han sido hallados culpables de esta crisis de salud pública, que provocó más de medio millón de fallecimiento en los Estados Unidos en los últimos 20 años.

Entre los meses de marzo de 2020 y abril de 2021, se registraron 100.306 sobredosis fatales en los Estados Unidos, de acuerdo con los primeros datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Mientras el juez dice en la sentencia que va a evaluar las sanciones por el caso, las tres compañías publicaron comunicados diciendo que van a apelar, dice The Wall Street Journal.

La decisión podría ser grave para Walmart, Walgreens y CVS, ya que generaría nuevas demandas.

Antes, las cadenas de farmacias Rite Aid y Giant Eagle llegaron a un acuerdo extrajudicial con con los condados de Ohio, pero Walmart, Walgreens y CVS decidieron avanzar en el juicio.

Los demandantes no ganaron todos los litigios que comenzaron. El mes pasado se conoció que dos demandas en contra de los productores de opiáceos no prosperaron en California y Oklahoma.

De hecho, la Corte Suprema de Oklahoma revocó un fallo de 450 millones de dólares contra Johnson & Johnson al concluir que un tribunal de primera instancia no debió basarse en la llamada “ley de molestia pública”.

En un comunicado, el condado de Lake festejó el veredicto y dijo que entre 2012 y 2016 se vendieron solo en ese distrito 265 píldoras de opiáceos por habitante.

Las empresas argumentaron que habían tratado de evitar que las píldoras fueran entregadas ilegalmente y que siguieron los procedimientos requeridos por los reguladores federales y estatales.

Dijeron que no fueron los culpables de la crisis y que los condados no habían demostrado que las farmacias desempeñaran un papel importante.

En un comunicado, un grupo de abogdos de las víctimas dijeron que “durante décadas, las cadenas de farmacias han observado cómo las píldoras que venden causan daños y no tomaron ninguna medida”. “En cambio, estas empresas respondieron abriendo más puntos de venta, inundando comunidades con pastillas y facilitando el flujo de opioides hacia un mercado secundario ilegal”.