El veto permanente de Twitter al presidente de los Estados Unidos y a sus subalternos no constituye censura de acuerdo con las leyes de ese país. Bajo la lógica de que si un comercio o empresa niega un servicio a una persona, ésta puede utilizar un servicio alterno, lo que hagan particulares entre ellos no afecta, en este caso, la libertad de expresión. La Primera Enmienda a la Constitución protege de la censura por parte del Estado, pero ello no abarca los tratos entre particulares.

Youtube, que pertenece a Google, impuso un veto de siete días al canal del aún presidente de Estados Unidos y dijo que ese veto podría extenderse. 

Estos hechos colocan a las grandes compañías propietarias de las redes sociales, que sin duda constituyen oligopolios, en una nueva esfera pública de discusión. Surge la gran interrogante: ¿quién decide qué se vale y qué no?

Por lo pronto estas decisiones están en manos de los magnates propietarios de esas compañías. Deciden sobre los contenidos destinados a millones de personas. Los Terms of Service de las plataformas son el filtro para determinar qué está permitido. Sin embargo, estos son tan vagos que se prestan a interpretaciones y hacen difícil diferenciar entre información e incitación a conductas que pueden ser nocivas para la sociedad.

Durante la última década, se ha discutido el papel de la tecnología en la vida de los ciudadanos en el Congreso de Estados Unidos. La pregunta que se hicieron varios congresistas es si no deberían haberse regulado las redes sociales, ya que en las elecciones de 2016 la desinformación –en particular a través Facebook– influyó en el voto de los estadunidenses. ¿Debería considerarse a la Internet como algo de primera necesidad, como el servicio de suministro de energía eléctrica o gas?

La evolución de las tecnologías de información ha transformado todas las actividades de los seres humanos que pueden acceder a ellas.

El uso generalizado de la Internet ha hecho posible el intercambio de información con inmediatez y alcance global. Gracias a ello la difusión de conocimientos ha propiciado la evolución de disciplinas y ciencias con un paso mucho más veloz que antes.

El uso de la web es cada vez más frecuente y ha representado un parteaguas en la cotidianidad de los seres humanos. Sin embargo, el avance de la legislación sobre el uso de las redes sociales no ha ido acorde con el de estas últimas, por lo que actualmente puede enviarse todo tipo de informaciones sin restricción legal alguna, lo que representa una amenaza potencial para la reputación de las empresas e instituciones.

 La naturaleza global y generalizada de la Internet permite que pueda difundirse tanto información como juicios de valor emitidos por cualquier usuario de la web, lo cual representa un riesgo permanente para la reputación de las personas, empresas, productos o marcas.

La Internet ha hecho posible la difusión inmediata de información entre audiencias preseleccionadas con posibilidades de retroalimentación efectiva.

A pesar de que con ello se ha cubierto en alguna forma una de las mayores aspiraciones de los comunicadores (posibilidad de segmentación precisa, inmediatez en la difusión de mensajes y posibilidad de retroalimentación real), la otra cara de la moneda aparece cuando surgen problemas por la falta de regulación para la difusión de mensajes en la Internet, lo cual pone en severo riesgo la reputación de las organizaciones, pues las hace blanco de la difusión irresponsable de mensajes sin sustento.

Lo anterior significa que la incorporación del uso de la Internet tiene dos vertientes: la eficientación de la comunicación, pero al mismo tiempo la vulnerabilidad de la reputación corporativa por el uso mal intencionado de los enemigos o detractores, sin que esto pueda evitarse.

Hasta hoy no se ha llegado a ningún consenso sobre la regulación de las redes, y justo por eso, es que las grandes compañías propietarias de las redes sociales comienzan a actuar conforme a lo que le pide la mayoría o lo que corresponde a sus intereses.

El peligro de la regulación es caer en limitaciones a la libertad de expresión, que desde luego no es lo deseable. En esta discusión deben participar juristas, tecnólogos, especialistas en políticas públicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y otros profesionales para llegar a decisiones de consenso.

Estamos frente a un parteaguas en las redes sociales. Por lo pronto ya fuimos testigos del poder que pueden ejercer.