¿Qué tienen en común el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Todos llevan en su acta de nacimiento la palabra expropiación. Uno de los principales problemas es lo que ello implica de cara al mundo, a los inversionistas, a la confianza; porque “expropiación” y “confianza” son conceptos como el agua y el aceite: no combinan.

El pasado viernes 19 de mayo el presidente de la República, a través de la Secretaría de Marina, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se declaró de utilidad pública la “conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario” de tres líneas operadas en concesión por Ferrosur, empresa perteneciente a Grupo México de Germán Larrea.

Dichas líneas recorren los tramos Medias Aguas a Coatzacoalcos, Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, y ahora están en manos de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del citado corredor interoceánico.

Ya es una práctica habitual de la actual administración para llevar adelante sus proyectos insignia. En el 2021 se expropiaron 109 hectáreas para completar las obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México. Mientras que múltiples han sido las acciones similares en predios e inmuebles que se ubican en alguno de los trayectos del Tren Maya, la más reciente a finales del año pasado cuando se decretó la expropiación de más de 190 mil hectáreas de terrero para el tramo 5 de dicho tren.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 22 de mayo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiso dar a entender que no se trató de una expropiación, sino de la recuperación de una concesión otorgada a Ferresur. Sin embargo, también dejó claro que se negoció con Grupo México por el valor de los bienes en cuestión, pero pedían una compensación de 9,500 millones de pesos la cual consideró abusiva.

Es decir, hubo un proceso de negociación y al no lograrse un acuerdo el Gobierno acudió a la misma herramienta que ha usado en el pasado reciente: la expropiación.

Porque a pesar de lo que quieran explicar los voceros de la 4T, el artículo tercero del decreto publicado en el DOF del pasado viernes indica: “(…) Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”.

Este nuevo decreto deja claro, así como las expropiaciones previas, que las palabras “negociación” y “acuerdo” no dejan espacio para las concesiones dentro del diccionario de la 4T.

La señal que se transmite de cara a la iniciativa privada, a posibles inversionistas, especialmente en plena coyuntura por el nearshoring es preocupante, pues lo que se dice con cada expropiación es que el Gobierno va a tomar lo que desee si no se cumplen sus condiciones, acciones que van minando la confianza que ha ido ganando México.