Los cientos de miles de jóvenes inmigrantes conocidos como “Dreamers” (o soñadores) tienen derecho a un debido proceso, resolvió un juez federal de una corte de Seattle.

Cerca de 800 mil soñadores recibieron protección por una orden ejecutiva del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la que fue eliminada hace unas semanas por la administración de Donald Trump.

El caso involucra al inmigrante mexicano Daniel Ramírez Medina, de 24 años, quien fue detenido por agentes de inmigración que acudieron a arrestar a su padre indocumentado, pero también a él cuando creían que era un miembro de la pandilla.

Su caso legal es uno de una serie de desafíos de los “Dreamers” que dicen que la administración de Trump ha sido arbitraria al tratar de revocar sus protecciones del programa de Acción Diferida para Llegada de Menores (DACA, por sus siglas en inglés).

La orden ejecutiva de Obama creó el programa en 2012 como un recurso temporal para impedir la deportación de inmigrantes jóvenes que no tienen recuerdos ni vínculos con sus países de origen, mientras buscaba sin éxito una revisión más amplia de la regulación migratoria en el Congreso.

El DACA protege a las personas que pueden probar que llegaron de forma ilegal a territorio estadounidense antes de cumplir 16 años, que llevan varios años en el país y no cometieron delito durante ese tiempo.

La administración Trump ha argumentado que las decisiones de inmigración con respecto a los inmigrantes ilegales no pueden ser impugnadas en los tribunales regulares, diciendo que la ley otorga a los agentes amplia discreción para decidir a quién excluir o deportar.

Sin embargo, el juez Ricardo S. Martínez, designado por el presidente George W. Bush en Seattle, dijo en un fallo el miércoles que incluso inmigrantes ilegales tienen derecho a debido proceso que el gobierno debe respetar, y su estado DACA no puede ser cancelado sin justificación.

“Si bien el Tribunal reconoce que DACA no confiere un estatus legal a un individuo, el Tribunal también considera que declaraciones hechas a solicitantes de DACA no pueden ni sugieren que no se deba a ningún proceso, especialmente en el caso del demandante donde los beneficios ya se ha conferido “, escribió el juez.