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Argentina está inmersa en una grave crisis económica y social
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El gobierno recién elegido busca estabilizar la economía y paliar la debacle social con un mega proyecto de ley de emergencia
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Fuerte oposición de los partidos que gobernaron hasta el 9 de diciembre pasado
El gobierno de Alberto Fernández, que comenzó el 10 de diciembre luego de haber ganado las elecciones en octubre con el 48% de los votos, está tratando de aprobar en el Congreso Nacional un proyecto de ley de casi 100 artículos que buscan atender la crisis económica y social en la que está el país.
Sin embargo, una de las disposiciones, un impuesto del 30% a la compra de dólares para ahorro, genera un fuerte malestar en los sectores medios-altos y altos de la sociedad, y en los partidos de la oposición, tanto de derecha como de izquierda.
La Argentina pasa por una situación grave, la más complicada desde la crisis de 2001.
En los últimos dos años del gobierno del empresario deportivo Mauricio Macri, el dólar subió 250%, la pobreza trepó al 40% (casi el 55% en los niños), el desempleo volvió a los dígitos y la inflación supera el 50% anual.
Además, para frenar la suba del tipo de cambio, se elevó la tasa de interés del Banco Central hasta el 65% anual, lo que detuvo la inversión industrial y anuló el consumo interno.
Asimismo, se pidió un préstamo al FMI de U$S 57.000 millones (incrementando de manera exponencial la deuda) y se instaló un límite a la compra de dólares de hasta 200 por mes, por persona.
El mega paquete legislativo que pretende aprobar el nuevo gobierno incluye una serie de medidas que abarcan una suba de impuestos, cambios en el cálculo de los aumentos a los jubilados y pensionados y un incremento en las alícuotas de derechos de exportación, un punto resistido por las grandes corporaciones agropecuarias.
La soya es el principal producto que Argentina exporta y su más relevante generador de divisas.
El punto más polémico es un nuevo impuesto a la adquisición de moneda extranjera. La ley dice que, sobre el precio del dólar oficial, aquellos residentes en Argentina que compren dólares deberán abonar un 30% más.
De lo recaudado, el 70% irá a asistencia social y lo restante (30%) a infraestructura, básicamente viviendas sociales.
El impuesto no abarcará a las operaciones de comercio exterior (importaciones y exportaciones), ni afectará a los organismos públicos. Tampoco para la compra de medicamentos o libros, entre otras excepciones.
Sin embargo, sí afectará a las compras con tarjeta en los sitios de e-commerce, como Amazon, y a aquellos que adquieran productos o servicios en otros países con tarjetas locales. Incluso a los pagos mensuales de Netflix y Spotify.
Los argentinos tienen una relación muy particular con el dólar. Desde hace casi 50 años, cada 8 ó 10, debido a malas políticas económicas de todos los gobiernos -del color político que sean-, la moneda estadounidense ha dado fuertes saltos, afectando la marcha de la economía.
Las sucesivas devaluaciones del peso han generado que los argentinos (y las empresas) desconfíen de su moneda y siempre busquen refugio en el dólar a la hora de ahorrar.
Su desproporcionada demanda cada vez que se comienzan a inestabilizar las variables macroeconómicas terminan con la oferta disponible, lo que hace que siga subiendo sin freno, erosionando las reservas. El dólar empuja la inflación y esta deteriora los salarios, espiralando los problemas.
De allí la decisión del gobierno anterior de colocarle un “cepo” o límite a la compra y, ahora, la idea del actual de cobrar, además, un impuesto.
