México, DF.- La proliferación de las Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido que los ciudadanos documenten los abusos policiacos al igual que la prepotencia de algunos particulares, muchos de éstos han sido exhibidos en las redes sociales, en fechas recientes se revivió el debate acerca de la legalidad de grabar los videos que se ven en YouTube de las labores de las fuerzas del orden, así como la posible invasión a la privacidad de quienes son mostrados en dichos materiales audiovisuales.

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De acuerdo con IABMéxico, en el país el 84 por ciento de las personas tiene un dispositivo móvil, por lo que la posibilidad de grabar o fotografiar cualquier evento en todo momento está latente, esta herramienta se ha convertido en una poderosa arma para los ciudadanos que al dejar testimonio de una actividad de las fuerzas del orden, sea legítima o abusiva, han tomado el papel de denunciantes y hasta el de los medios de comunicación, estos materiales se viralizan en cuanto llegan a las redes sociales y esta situación no agrada a muchas autoridades.

En la mayoría de los videos se puede escuchar como en ocasiones los policías amenazan a los ciudadanos con remitirlos ante un ministerio público o decomisarles sus dispositivos, lo cual es totalmente ilegal. Documentar cualquier situación que ocurra en la vía pública y difundirla, aun con la participación de policías, está protegido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”, señala el Artículo 6.

En tanto, el Artículo 7 señala que “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

La Ciudad de México es uno de los lugares donde más casos de advertencias y actuaciones incorrectas de la policía se registran, tanto para ciudadanos como medios de comunicación, principalmente en manifestaciones, como señala la organización Artículo 19 que el 50 por ciento de los casos de agresiones a la prensa por parte de uniformados se ha generado en protestas.

Al respecto, tanto esta organización como la Comisión de Derechos Humanos del DF han solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública que combata una de las principales deficiencias que tienen los agentes de la corporación que es la falta de capacitación tanto en los procesos de detención como en el trato con los ciudadanos cuando éstos graben cualquier situación.

Pareciera que la tecnología se ha convertido en enemigo público de varias corporaciones en el país al exhibir los abusos que antes pasaban desapercibidos, por eso, además de organizaciones civiles, en redes sociales también se ha difundido información sobre la posibilidad de filmar las actuaciones policiacas.

Cabe recordar que grabar a un policía no es un delito, en tanto quien lo hace no impida la actuación de las fuerzas del orden, invada escenas del crimen, que por lo general deben estar acordonadas o resguardadas y no incurra en el delito de ultrajes a la autoridad, cuya definición aún es ambigua, pero básicamente es no agredir o insultar a los policías.

Este polémico tema es una oportunidad para que autoridades, organizaciones y la sociedad trabajen en conjunto para dejar en claro hasta dónde está la permisión de hacer estas denuncias en video y para que las corporaciones se capaciten y modernicen con el empleo de la tecnología.