En medio de la más reciente campaña electoral vivida en México, el tema de las tarjetas de descuento que muchos candidatos utilizaron en sus estrategias de acercamiento con la ciudadania fue uno de los más comentados.

A mediados de mayo pasado, fue denunciada la supuesta entrega de tarjetas de regalo y/o monederos electrónicos por parte de la entonces candidata de Morena para alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), Evelyn Parra, para garantizar los votos de la ciudadanía.

Los antecedentes

Las tarjetas en cuestión y que fueron reportadas por diferentes medios de comunicación tenían la leyenda “tu alcaldía Venustiano Carranza te respalda con la tarjeta emergente”, y los portadores podrían hacerlas válidas en establecimientos como Domino’s Pizza, Sanborns, Starbucks y otras tiendas de autoservicio.

Aunque de manera oficial se desconoció el monto desde redes sociales se ha indicado que la cantidad disponible para gasto en estas tarjetas es de 500 pesos.

Este caso hizo recordar lo sucedido en el proceso electoral de 2012, cuando Soriana Soriana fuera investigada por las autoridades electorales por la entrega monederos electrónicos a través de los cuales el PRI entregó vales de despensa de esa cadena de tiendas por un monto de 66.3 millones de pesos, con la supuesta intención de comprar votos.

Aunque esta denuncia no pasó a mayores, lo cierto es que la reputación de la marca se vio golpeada ante consumidores que aseguraron la marca tendría un perfil político y una inclinación en esta materia que no favorecía al proceso democrático. A esto se sumaron detractores del PRI, quiene organizaron un boicot en contra de la firma por suponer una inclinación política.

¿Adiós a las tarjetas de descuento?

Aunque estos casos han sido especialmente polémicos, lo cierto es que ahora la entrega de tarjetas de descuentos y promoción en campañas electorales podrían llegar a su fin.

Y es que desde el Senado de la República, representantes de Morena presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal Federal en material de delitos electorales para sancionar hasta con seis años de cárcel  a los candidatos y funcionarios partidistas que entreguen estos incentivos para hacer promoción de sus campañas.

En este sentido, desde la Gaceta Parlamentario se indicó que se turnó a comisiones la iniciativa del senador Alejandro Peña Villa la cual indica que se podrán imponer de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al candidato que incurra en dicha práctica.

Las mencionadas sanciones se aplicarían a quien “entregue propaganda o documentos que simulen tarjetas bancarias como apoyo económico, beneficio o dádiva a favor de su campaña electoral”.

Atención para las marcas

Si bien esto es apenas una propuesta, lo cierto es que para las marcas supone una llamada de atención si consideramos que este tema las ha puesto en más de una ocasión en la mira, tomando en cuenta que se trata de una propuesta de ley que castigaría este tipo de aciones

Y es que aunque las marcas que han salido  a la luz en medio de esta conversación en realidad  tienen una relación nula con la política, la relación que se genera se ha convertido en un problema para más de una.