Un nuevo reglamento ha sido aprobado este miércoles por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para obligar a los vehículos con VTC -licencia de alquiler con conductor- que son las usadas por plataformas como Uber o Cabify, a sacarse un permiso especial que les permita operar entre los 36 municipios de esa zona urbana. Una medida que reduce de 1.035 a 399 el número de licencias VTC para circular en el AMB.

La decisión beneficia a los más de 10.000 taxistas que denuncian que la competencia ‘desleal’ de este tipo de servicios de coche con conductor está mermando sus ingresos y ya había sido presentada por Ada Colau, alcaldesa de Barcelona en diciembre pasado, para que solo se conceda 1 licencia VTC por cada 30 licencias de taxi.

Una vez que sea publicado el reglamento de la AMB, sólo podrán darse 399 autorizaciones para un área en la que laboral en la actualidad más de 1.030 vehículos y que según el ente metropolitano serán otorgadas por orden de antigüedad, con preferencia para las que concedió la extinta Corporación Metropolitana de Barcelona.

Por su parte, el presidente de Unauto, la patronal del sector de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), Eduardo Martín, ha calificado como “una barbaridad, un auténtico despropósito y un hecho realmente insólito” la aprobación de dicho reglamento de la AMB, además de asegurar que el mismo “supondrá la destrucción de más de 1.300 empleos de otras tantas familias”.

Martín ha señalado también que “Las alternativas de movilidad han supuesto una mejora en la vida de los vecinos y los turistas. El mundo del taxi está luchando para mantener un monopolio propio del siglo XIX en una ciudad como Barcelona en pleno siglo XXI” y que lamenta que esta decisión sea producto de lo que considera la presión “más radical” del taxi de Barcelona que con ésta, estaría privando a los ciudadanos de esta urbe de alternativas al servicio.

Así mismo ha declarado a los medios españoles que: “Ahora estudiaremos el reglamento y sabemos que será un juez el que decidirá si la AMB es competente o no para redactar estas normativas. Estudiaremos cómo recurrir porque entendemos que la competencia es de la Generalitat o Fomento”.

Ada Colau, por su parte ha esgrimido que se trata de una norma que es fruto de “meses de trabajo” donde los expertos han estado muy presentes, “No miramos hacia otro lado, miramos la realidad, y no puede ser que disfrazados de nuevas formas de economía haya grandes intereses especulativos que se salten las reglas del juego y que pretendan amenazar el derecho a la movilidad y a la lucha contra la contaminación”.