El Comité Ejecutivo Nacional de la AFL-CIO, la mayor coalición sindical de Estados Unidos con más de 12.5 millones de miembros, rechazó la política de la administración del presidente Donald Trump de criminalizar, hacer “chivos expiatorios” y deportar a inmigrantes.
La American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) sostuvo que los inmigrantes no son la fuente de los problemas de la economía estadounidense, sino una fuente crítica para poner límites al poder corporativo en Estados Unidos.
“Esto no se logrará deportando a migrantes ni haciéndolos chivos expiatorios de este precario mercado laboral”, señaló la coalición sindical en una resolución.
La postura de la coalición sindical más grande de Estados Unidos se produce una semana después que el presidente de que su presidente, Richard Trumka, se reuniera con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Entre los asuntos que discutieron Trumka y Trump figuró el plan presidencial de infraestructura por un millón de millones de dólares para crear empleos y la política comercial de la actual administración.
Aunque el mandatario estadounidense y el líder sindical coinciden en sus críticas al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mantienen discrepancias sobre la nueva propuesta de reforma al sistema sanitario.
“Millones de personas perderán su cobertura de salud gracias al plan introducido por los republicanos del Congreso”, denunció Trumka después de su reunión con Trump.
En el tema migratorio, el Comité Ejecutivo de la AFL-CIO señaló que sus esfuerzos para organizar y representar a todos los trabajadores han cobrado un mayor “sentido de urgencia” desde la toma de posesión de Trump.
“Los inmigrantes y refugiados están siendo criminalizados y aterrorizados en nuestros centros de trabajo y comunidades”, denunció la resolución.
De acuerdo con un análisis del Center for American Progress (CAP), la estrategia de deportación masiva costaría un promedio de 10 mil 070 dólares por persona, que implica un total de 114 mil millones costaría para expulsar a 11 millones 300 mil inmigantes.
Esta cifra incluye los altos costos requeridos para encontrar cada uno de los individuos indocumentados. Ya que dos tercios de la población indocumentada han estado en el país por más de una década.
El estimado de CAP también incluye el costo de detener a cada persona mientras esperan su extracción, proceso en las cortes de inmigración y su repatriación.
