Por León Felipe Sánchez Ambía
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Cada vez que pienso que los políticos han hecho que pierda la capacidad de asombro, hacen algo nuevo que rebasa su última hazaña. Esta vez el asombro me viene por algunas de las medidas que se incluyen como parte de la iniciativa de Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro, concretamente los artículos 57 y 58 de dicha iniciativa.

Los artículos 57 y 58 de la iniciativa en comento plantean la posibilidad de deducir al cien por ciento del impuesto sobre la renta la suma pagada por concepto de rescate, para el caso de cualquier persona que haya contribuido con bienes muebles o inmuebles destinados al pago del rescate de la víctima, y aquella correspondiente a los salarios pagados por el patrón de la persona secuestrada durante el período de cautiverio (sic).

En twitter un usuario me preguntaba que si no consideraba que las personas que sufrieran una desgracia como el secuestro deberían de, al menos, tener un beneficio como la deducción de lo pagado como rescate. Mi respuesta, tajante, es no. Y no porque no considere que el secuestro no sea una tragedia. Estoy convencido que lo es y debemos combatirlo a toda costa, sin embargo considero que esta no es la forma.

Para empezar, nadie debería de ser víctima de secuestro. Desde ahí ya empezamos mal. No digo que nos cerremos a la realidad que priva en México y que, haciendo como que no pasa nada (que no nos cuesta tampoco mucho trabajo), no legislemos a favor de quienes efectivamente han sido víctimas de un delito tan grave como el secuestro pero me parece que hacer deducibles de impuestos los pagos de rescates no es la forma adecuada de combatir el problema. Al contrario, me parece que instaurar una medida como esta podría tener varias consecuencias poco deseables como por ejemplo el abuso de la medida de manera que quien quiera deducir impuestos al final del ejercicio pudiera llegar a auto secuestrarse para fingir un pago de rescate y de esa forma evadir su responsabilidad fiscal.

También considero que esta medida manda un mensaje gravísimo, derrotista, a la población en el sentido de que el gobierno, al aceptar que no puede con el problema, está dispuesto a consolar a la víctima con este tipo de acciones que no se si considerarlas, incluso, como incentivos fiscales. No deja de rebotar en mi cabeza la idea del “incentivo fiscal al secuestro” o a las “víctimas de secuestro”. Es surrealista.

Por otro lado, se manda un mensaje de tolerancia al ilícito porque, desde mi perspectiva, lo que se está diciendo es “no te preocupes, cuando te toque, al menos vas a poder deducirlo de impuestos”. Me parece que hacer deducible el pago de rescates es tanto como hacer deducible el pago de mordidas a funcionarios. Ya me imagino a alguien pidiendo la factura del rescate para poder deducirlo de impuestos o pidiendo la factura de una mordida para poder hacer lo propio también.

No es que no simpatice con la causa de proteger y ayudar a las víctimas de secuestro pero ¿de verdad no ven quienes impulsan esta iniciativa el mensaje de fondo? ¿No ven que es probable que lejos de ayudar a combatir el delito, se fomente? ¿No ven el gran riesgo que se corre de abusar de esta medida y demeritar el fin para el que se pensó?

Cómo se ve que comienzan elecciones en varios Estados de la república y ya se empieza a trabajar el voto.

Son las Leyes de Mercado. Asesórese con su abogado.
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