El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó este martes la extradición a México para enfrentar las acusaciones del gobierno federal por un probable desvío de fondos públicos y lavado de dinero.
“He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la federación de mi país”, dijo Duarte durante una audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala.
Sin embargo, la defensa del exmandatario veracruzano indicó que las pruebas en contra no aclaran la manera en la que Duarte estaría involucrado en una organización criminal para el desvío de fondos públicos. Además, aseguró que el exgobernador es víctima de una persecución política en México.
“La propia solicitud formal de extradición aclara que no aparece mi nombre el Registro Nacional de Ejidatarios. En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre, ni ninguno del de mis familiares”, señaló Javier Duarte, tras escuchar las pruebas presentadas en su contra.
Durante la audiencia del 27 de junio, Javier Duarte había aceptado ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones del gobierno de Veracruz. En ese encuentro calificó las acusaciones hechas por la administración estatal como “vagas, imprecisas e irrisorias”.
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El 7 de junio, las autoridades guatemaltecas recibieron la solicitud formal de extradición por parte del gobierno mexicano.
Entre los medios de prueba presentados estaba la orden de aprehensión girada en contra de Duarte por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
También fue presentada fue la denuncia de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de Javier Duarte, José Manzur, José Juan Janeiro y otros.
Otra prueba presentada fueron las escrituras públicas de los bienes inmuebles asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR), como ranchos en Veracruz y terrenos en Morelos adquiridos por Moisés Manzur, además de departamentos en un condominio en Boca del Río, Veracruz. También se presentaron contratos de compra-venta de varios inmuebles en Guerrero.
Además, forman parte de la pruebas las entrevistas ministeriales con testigos sobre los hechos investigados.
El exmandatario ha declarado que los medios de comunicación se han llenado la boca de las presuntas acusaciones de “miles de millones de pesos” que él desvió.
El 15 de abril, tras seis meses de permanecer prófugo, Javier Duarte fue detenido en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala, donde está preso en la cárcel de Matamoros.
La Procuraduría General de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó el 7 de junio al gobierno de Guatemala, la solicitud formal de extradición de Javier Duarte.
Pidió licencia a su cargo en octubre pasado, un poco antes de concluir su gestión, argumentando que requería tiempo para enfrentar las acusaciones en su contra. Desde entonces se desconocía su paradero, hasta que fue detenido el 15 de abril.
La administración de Duarte enfrenta al menos 52 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, derivadas de la revisión de las cuentas públicas del sexenio hasta 2014.
