La movilidad en México es sin duda uno de los mayores problemas que afecta la vida diaria de los consumidores. De acuerdo con el Índice de Movilidad Urbana (IMU) elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo tres ciudades de México tienen transporte adecuado para satisfacer las necesidades de su población: Valle de México, Saltillo y Guadalajara.

El gran problema radica en la oferta de transporte público a la que, hasta el momento, tienen acceso los ciudadanos.

En el país más de 50 millones de personas (cerca del 37.26 por ciento de la población) se mueve en transporte público; no obstante, este rubro ha quedado rezagado dentro de la repartición del presupuesto gubernamental destinado a asuntos de movilidad.

Al respecto, vale la pena mencionar que durante 2015 se destinó el 80 por ciento del presupuesto para movilidad en pavimentación e infraestructura vial; mientras que sólo el 6 por ciento fue para transporte público, el 5 por ciento en equipamiento para peatones, el 7 por ciento a espacios públicos y el 1 por ciento para ciclistas.

Sharing economy, soluciona o no el problema

El vacío que estas cifras evidencian, intenta ser cubierto por formas alternas de transporte que abren la puerta un cada vez mayor número de firmas privadas que ponen a disposición de los ciudadanos opciones de movilidad que funcionan gracias a modelos de sharing economy (economía colaborativa).

La fuente antes citada afirma que, por ejemplo, en la Ciudad de México aunque se tiene una percepción de congestión vial, la realidad es que los problemas de movilidad están asociados al 22 por ciento de los viajes que se hacen en vehículos privados. El resto de los viajes se realizan en transporte público, caminando o bien utilizando servicios privados alternos de transporte compartido.

Más allá de Uber

Con el paso del tiempo y ante consumidores que ya sea por estilos de vida particulares o comodidad demandan mejores formas para transportarse (medidas tanto en tiempo como en ahorro para sus bolsillos), esta última opción ha experimentado un fenómeno de diversificación que es fácil de reconocer al caminar por algunas de las zonas más transitadas del país.

En principio, Uber era la marca que por definición se asociaba a estas opciones alternas de viajar. Ahora, el espacio es compartido no sólo por diversos firmas dedicadas a la renta de bicicletas o motocicletas; el último giro de este mercado esta en los scooters eléctricos.

En la Ciudad de México, empresas como Bird, Grin o Lime han invadido las calles con sus “patines del diablo” eléctricos que por una cuota de desbloqueo y un pago por minuto de viaje permiten a sus usuarios llegar a su destino en poco tiempo -en comparación a un viaje en auto o en transporte público- y con un esfuerzo mínimo.

Con cuotas desbloqueo que van de los 20 a los 10 pesos y cuotas de viaje que oscilan entre los 2 y 3 pesos por minuto, una ruta de 30 minutos implica un pago para el consumidor de entre 69 y 100 pesos dependiendo el servicio contratado.

Aunque para algunas personas el costo puede parecer elevado, lo cierto es que el crecimiento de estas empresas en el país demuestran que el consumidor está dispuesto a pagar formas de transporte que además de ser amigables con el ambiente, prometen ahorros en términos de tiempo y esfuerzo.

Beneficio privado vs. beneficio público

Más allá de esta tendencia dictada por los usuarios de los mencionados servicios, lo que queda en tela de juicio es el verdadero beneficio que a la larga estas formas de economía colaborativa tendrán en términos de movilidad y beneficio para el grueso de la población.

Así bien han demostrado que podrían ser una forma para solucionar los problemas de movilidad, también es cierto que la logística de operación de dichas empresas funciona de manera similar a la de un puesto ambulante.

Es decir, los scooter son dejados en puntos no definidos en distintos perímetros a lo largo de las grandes ciudades. No pagan ningún tipo de impuesto o cargo por aparcar; simplemente son dejados por los usuarios quienes bloquean su uso desde una app.

Un scooter puede pasar días en un lugar sin ser levantado, lo cual no genera ningún tipo de multa o sanción y, en contra parte, afecta la movilidad del peatón así como el paisaje urbano.

Las reglas del juego no son claras

La regulación alrededor de este medio transporte es una de las grandes grietas que deben cubrirse, tanto para garantizar la seguridad de los ciudadanos así como para moldear un nuevo sistema de generación de ingresos que -de la misma manera que sucedió con Uber- promete mucho, pero es poco claro en el verdadero beneficio que entrega a la sociedad en general.

Para ejemplificar, basta con hacer mención del “oficio” de “recolector de scooters” que surgió alrededor de este negocio. Un recolector de esta naturaleza se dedica -como su nombre lo dice- a recolectar y recargar scooters eléctricos en su hogar, por lo cual empresas como Grin, Lime o Bird pagan en promedio de 30 a 45 pesos por vehículo cargado.

El beneficio se puede materializar en 9 mil 500 pesos al trabajar con 9 cargador de la empresa Bird, por ejemplo. Esto quiere decir que una persona que cargue 40 scooters durante cinco días a la semana, puede obtener ingresos cercanos los 36 mil pesos mensuales, lo que es 1.153 por ciento más que el salario mínimo mensual en 2019.