Los tres jueces del Tribunal Regional Federal ratificaron este miércoles los delitos cometidos por el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y aumentaron de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena por corrupción y lavado de dinero.
La decisión judicial, aprobada por unanimidad, constituye el peor escenario para el futuro polĆtico de Lula da Silva, quien podrĆa ver ahora frustradas sus aspiraciones presidenciales en octubre.
“Lo que pasa conmigo es muy poco con lo que estĆ” pasando con millones de desempleados en este paĆs”, seƱaló este miĆ©rcoles el exmandatario, quien gobernó entre 2003 y 2010 y se mantiene como el polĆtico con mayor intención de voto en Brasil, con cerca del 36 por ciento.
En el juicio en la ciudad de Porto Alegre, sur de Brasil, el juez instructor Joao Pedro Gebran Neto rechazó los alegatos de la defensa de Lula da Silva, la cual pidió la absolución y nulidad del proceso, y dijo que fue ācristalinaā la participación del exmandatario en la trama corrupta alrededor de Petrobras.
āHay pruebas mĆ”s que razonables de que el expresidente fue uno de los articuladores, si no el principal, de un amplio esquema de corrupciónā, afirmó Gebran Neto.
El segundo magistrado en manifestarse, el juez revisor Leandro Paulsen, apoyó la posición del instructor y también pidió aumentar la pena a 12 años y un mes de prisión.
El tercer juez, Victor Laus, elogió la labor del magistrado Sergio Moro āque dirige la mayorĆa de las causas de la Operación Lava Jato y que fue quien condenó a Lula da Silva en primera instancia-, y tambiĆ©n se manifestó a favor de aumentar la pena.
El proceso legal de Lula
La condena por unanimidad de los tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) era el peor escenario para Lula, que ahora ve reducidas sus posibilidades de recurrir en segunda instancia, donde las decisiones en firme suponen el ingreso en prisión y la inhabilitación en Brasil.
Es probable que los abogados del exgobernante entren en los próximos dĆas con āembargos de declaraciónā en la propia sede del TRF4, un tipo de recurso que no permite reevaluar el āmĆ©ritoā del proceso, es decir, si Lula cometió o no los delitos que le imputaron, sino el procedimiento judicial.
Lula fue condenado en julio pasado a nueve aƱos y medio de cĆ”rcel en primera instancia por beneficiarse con la millonaria remodelación de un departamento de tres plantas en la localidad costera de GuarujĆ”, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores polĆticos a la constructora OAS.
El exmandatario brasileño tiene mÔs de media docena de causas aún abiertas, sin juzgar.
Lula niega la propiedad del departamento, y de hecho la FiscalĆa carece de documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, asĆ como los planos de la remodelación del inmueble, aprobados por la fallecida esposa de Lula, indican que la familia del exmandatario era la beneficiaria.
Sectores polĆticos de centroderecha, con programas contrapuestos a los de Lula, ademĆ”s del propio presidente de Brasil, Michel Temer, seƱalaron en las Ćŗltimas semanas que serĆa mejor āvencerā al exsindicalista en las urnas y, por lo tanto, no impedirle participar en los comicios, pero esta decisión compete ahora a la Justicia.
El exmandatario, de 72 aƱos, niega cualquier irregularidad y asegura que su juicio es una persecución judicial con el fin de dejarle fuera de la contienda electoral, mientras su Partido de los Trabajadores (PT) rechaza un “plan B” e insiste que el exsindicalista es su Ćŗnico candidato.
Con todo, han circulado versiones de que el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, podrĆa ser el candidato de reserva del PT, aunque Ć©l mismo negó este mes que vaya a participar en los comicios.