En el primer debate presidencial que se llevo a cabo el día de hoy, los candidatos Claudia Sheinbaum, de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’; Xóchitl Gálvez, de ‘Fuerza y Corazón por México’; y Jorge Álvarez Máynez, de ‘Movimiento Ciudadano’, expusieron sus propuestas sobre dos temas cruciales: la no discriminación y los grupos vulnerables, y la violencia contra las mujeres. Cada uno planteó estrategias distintas que reflejan sus prioridades políticas y su visión para abordar estas problemáticas.

Xóchitl Gálvez: resaltó su conexión personal con las comunidades indígenas y su compromiso con la atención a todas las denuncias de violencia y la fortaleza de las fiscalías. Destacó la importancia de respetar los derechos de los migrantes en colaboración con Estados Unidos, aumentar el rendimiento de los programas sociales y asegurar la justicia cívica en asuntos de género, especialmente en divorcios, subrayando la necesidad de desmantelar el patriarcado.

Claudia Sheinbaum: hizo énfasis en los logros obtenidos en la reducción de los índices de feminicidio y la implementación de medidas como la alerta de género y una fiscalía especializada. Su enfoque en migración se centra en atender las causas raíz, como la pobreza, desde una perspectiva de derechos humanos. Aboga por la protección de la infancia contra la cooptación delictiva a través de la educación y por la ampliación de los programas sociales, considerando el incremento salarial y la inclusión de las comunidades indígenas en la Constitución.

Jorge Álvarez Máynez: alertó sobre el incremento de feminicidios y propuso una estrategia basada en los derechos humanos que incluye un sistema nacional de cuidados y juzgar con perspectiva de género. Criticó la militarización de la política migratoria y abogó por tratar la migración como un derecho, no como un crimen. Propuso apoyo a las madres solteras mediante la promoción de la paternidad responsable y sugirió reformar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Cada candidato, desde su perspectiva y plataforma política, propone un enfoque distinto para enfrentar los retos de la violencia de género y la discriminación. Sus propuestas van desde la mejora en la atención y el procesamiento de las denuncias, pasando por cambios en la política migratoria y de seguridad, hasta reformas estructurales en la legislación y el fortalecimiento de los programas sociales.