Es por ello que la presunta venta de la base de datos personales de 91 millones de mexicanos dentro del padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), utilizada en las elecciones del pasado 6 de junio, alertó a algunos ciudadanos en internet.
El hecho fue revelado por medio de una publicación en Twitter de Alon Gal, Chief Technology Officer de la empresa Israelí de ciberseguridad, Hudson Rock, quien asegura que la información de los ciudadanos mexicanos se encuentra a la venta dentro de la deep web.
“Actor de amenazas está vendiendo 91 millones de registros personales de individuos del Instituto Mexicano de Elecciones. Afirman que la base de datos es de 2021 y contiene la información privada de todos los votantes mexicanos”, aseveró desde el nickname @UnderTheBreach
https://twitter.com/UnderTheBreach/status/1416664889603526660?s=20
De acuerdo con la publicación, el precio en el que se está ofertando la información que incluye nombre completo, domicilio, nacionalidad, curp y demás, es de 750 dólares pagables en bitcoins o monero (XMR), esta última es una criptomoneda que no permite rastrear quien envía y quién recibe el dinero.
Esta no es la primera vez para el INE
La información señala que esta es la segunda ocasión en la que la base de datos del INE se pone en venta. El primer caso tuvo lugar en 2013 cuando un funcionario del sistema electoral mexicano filtro la base de datos a una empresa extranjera.
“Más de 93.4 millones de ciudadanos mexicanos han visto sus datos de registro de votantes expuestos en línea debido a una base de datos mal configurada” se señala en un blog compartido por Alon Gal donde se señala que la información de votantes mexicanos se alojó en un servidor fuera de México, se subió a Amazon y donde fue puesta a la venta.
Ante esto, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), inició una investigación sobre la filtración de la información.
Para 2016, tanto el INE como el Tribunal Electoral Federal acordaron levantar una multa a Movimiento Ciudadano, anteriormente Convergencia, por 61 millones de pesos por la filtración del padrón electoral, así como a los involucrados entre los que se encontraba Ricardo Mejía Berdeja, el actual subsecretario de Seguridad y principal promotor del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía móvil (PNTUM), quien fue multado por 25 mil pesos.
Mejía Berdeja fue señalado por incumplir su responsabilidad sobre resguardar la información y preservar el patrón electoral , incumpliendo con los derechos de los ciudadanos. No obstante, el subsecretario impugnó la sanción del INE, situación que fue avalada por el Tribunal Electoral Federal.
Un caso más se registró en 2015 cuando el INE impuso una multa de 84 millones 388 mil pesos al Partido Institucional Revolucionario (PRI) por comercializar el padrón electoral por medio de Mercado Libre en 2 mil pesos.
Según información de Xataka, la investigación concluyó que la base de datos fue entregada al PRI en febrero de 2015 y puesta a la venta en la plataforma de e-commerce por Mario Silva Rodríguez, entonces representante del partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia del partido, al que se multó con 40 mil pesos extra.
Un grave problema para los ciudadanos
A pesar de los esfuerzos de las instituciones gubernamentales por salvaguardar la información de los ciudadanos, es claro que la filtración de información sigue a la orden del día, lo que pone en riesgo los datos personales de la población mexicana, la cual parece venderse en cada ocasión que se le permite.
Aunque el padrón podría tener algunas irregularidades como la dirección en la que residen los ciudadanos, lo cierto es que en muchas ocasiones esta información es real, por lo que al tener acceso a esta base de datos es posible que se conozca exactamente dónde viven.
Asimismo, esta información podría tener un valor significativo para las empresas que gastan millones en conocerla, por un precio mucho más accesible.
La situación sin duda pone en jaque la confianza de los ciudadanos en los organismos gubernamentales, pues a pesar de que información financiera y bancaria no fuera dada conocer, lo cierto es que el peligro de que alguien conozca la dirección exacta de los ciudadanos es alto, principalmente en caso de utilizarse para fines delictivos.
