La llamada operación Carne Débil (“Carne Fraça”, en portugués) fue uno de los escándalos que involucró a grandes compañías de Brasil en 2017. En marzo del año pasado, los frigoríficos JBS y BRF fueron acusados, entre otras irregularidades, de adulteración y “maquillaje” de carne bovina y de pollo en mal estado, tanto para ser vendida en el mercado interno, como para exportarla.
No era un tema menor por el volumen de carne que involucró: Brasil es uno de los principales exportadores de estos productos en el mundo (top 3) y anualmente vende US$ 5.500 millones de carne de res y US$ 6.500 millones en pollo.
En ese marco, este lunes 5 de marzo se produjo una nueva etapa: la Policía Federal está cumpliendo 91 órdenes judiciales para detener a distintas personas involucradas en San Pablo y otros cuatro estados brasileños: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Goiás.
En los operativos, ya ha arrestado al ex presidente de BRF, Pedro de Andrade Faria, y el vicepresidente de Operaciones Globales de la empresa, Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnio. BRF es dueña de las marcas Sadia y Perdigão.
También se pidió la prisión para prácticamente todos los ejecutivos con cargo de gerencia de la compañía.
>@fausto_macedo Ex-presidente da BRF é preso em nova fase da Operação Carne Fraca https://t.co/2nQJvmWI3g pic.twitter.com/MSgD0glCVp
— Estadão (@Estadao) 5 de marzo de 2018
Según la Policía Federal, las investigaciones mostraron que cinco laboratorios acreditados por el Ministerio de Agricultura y otras oficinas de análisis de producto del grupo fraguaban los resultados de los exámenes de muestras de carne en el proceso industrial. El objetivo era burlar las inspecciones y, así, impedir la fiscalización del Ministerio sobre la calidad del proceso de la empresa investigada.
La Policía Federal argumenta que los fraudes tenían la anuencia de ejecutivos de la compañía, además del cuerpo técnico y de profesionales que respondían por la calidad de los productos de la empresa.
Pedro de Andrade Faria, preso en la operación, fue presidente global de BRF entre 2014 y enero de 2018.
Los investigados deberán responder, entre otros, por los delitos de falsedad documental y formación de pandilla o banda, además de crímenes contra la salud pública.
