Desde el 2012 la legislación mexicana prohibió el trabajo adolescente en el sector agrícola por considerarla una actividad peligrosa debido a que, en muchas ocasiones, se desarrolla en condiciones extremas que afectan su salud al exponerlos a agroquímicos, largas jornadas laborales en las que sufren insolación y deshidratación, además de la carencia de seguridad social así como de distintos servicios esenciales para garantizar su bienestar. 

A pesar de esta prohibición hay más de 600 mil adolescentes de entre 15 y 17 años que actualmente trabajan en la agricultura. Bajo este contexto, el Senado de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley Federal del Trabajo para permitir que se desarrolle esta actividad en la legalidad, pero ¿es realmente una solución?

Aunque es un progreso, su aprobación representa más riesgos que beneficios, pues no contempla mecanismos, recursos o reformas adicionales  que garanticen que su incorporación priorizará su integridad y seguridad en apego a la ley. En otras palabras, el nuevo marco normativo no significará ningún avance para aquellos adolescentes que por necesidad tienen que trabajar; de hecho, su aprobación puede significar incumplimientos a las obligaciones contraídas en el T-MEC.

Por eso, desde Save the Children le pedimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que haga uso de su facultad de veto hasta que se generen los cambios necesarios que realmente protejan los derechos de las y los adolescentes. Es muy importante que se precisen ciertos aspectos como la obligación de los empleadores de darlos de alta en el seguro social; homologar su jornada laboral a seis horas para asegurar que tengan tiempo suficiente para sus deberes escolares, de descanso y esparcimiento; así como incrementar las capacidades de la inspección laboral. 

No se trata de cegarnos ante esta realidad, pero tenemos que afrontarla asegurándonos de que no será un retroceso que comprometa su presente y su futuro.