Durante la pasada Feria Internacional del Libro de Minería 2021, mucho se debatió sobre qué tan ético es compartir PDF’s o ebooks en nuestras redes sociales. Más cuando los lectores son personas que no tienen la oportunidad de comprar libros como hábito cotidiano. 

Muchos dirán: ¿qué tiene de malo pasarle a mi amigo la más reciente novela de Mario Vargas Llosa o el más reciente ensayo filosófico de un autor que muy poca gente conoce? A simple vista no, no tiene nada de malo. Pero la Ley Federal de Derechos de Autor indica que este acto es un delito. 

Vamos con los datos. 

Si bien es cierto que el tiempo en pantalla dedicado a la lectura de contenidos aumentó hasta en 40% durante el confinamiento, la facturación de libros digitales sólo creció entre 2% y 5%, lo cual indica que la mayoría de los títulos que leyó la gente fueron piratas, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Según información de la Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem) y el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro), México es el primer lugar en venta de libros pirata. De hecho, se estima que 4 de cada 10 que se consumen en el país son ilegales, cuando hace 10 años sólo eran 2 de cada 10. 

Hace no mucho, platicaba con unos amigos sobre este tema y uno de ellos me increpó: “Es que tú estás en contra de democratizar la cultura”. Para nada, le respondí. Lo único que digo es que las personas que trabajan en la elaboración de un libro también deben ser remuneradas, igual que un médico cuando te atiende por una gripa o un abogado cuando lleva tu divorcio. Así de fácil. 

Entiendo perfectamente el contexto del país. Somos un país con muy pocos lectores. Pero sobre todo somos un país que cuyo 60% de su población gana menos de 7,500 pesos mensuales. Con esa cantidad, los libros más bien parecen un lujo. Una novela de novedad de algún autor reconocido (Haruki Murakami o Elena Poniatowska, por ejemplo), ronda en los 500 pesos. Una cantidad que utiliza una familia promedio mexicana para pagar las comidas de una semana entera. 

El tema es complejo y resulta maniqueo estar a favor o en contra de algo. Nadie puede estar en contra de democratizar la cultura, pero no a costa de la estabilidad económica de personas que también necesitan sobrevivir. La industria editorial no sólo son los escritores: también hay editores, correctores, maquetadores, diseñadores, comunicólogos, relacionistas públicos, publicistas y un sinfín de profesiones y oficios de los cuales dependen decenas de miles de familias en todo el mundo. 

Quizás aquí convendría implementar alguna especie de subsidio gubernamental a los libros, para que el consumidor final no resienta los precios altos que espantan a tantas personas. Todo esto, evidentemente, acompañado de programas educativos que estimulen la lectura no como una obligación, sino como un gusto. 

En la próxima columna seguiremos hablando del tema, porque en la piratería de libros hay mucha gente involucrada.