A mediados de febrero pasado, ya se comenzaba a hablar sobre la creación de un padrón de telefonía celular el cual busca incluir datos de millones de usuarios de teléfonos móviles en un registro biométrico, como en mecanismo para combatir problemas relacionados con asuntos de extorsión y llamadas para generar fraudes. De acuerdo con la propuesta, América Móvil, AT&T Inc, Telcel (propiedad de Telmex) y otros operadores tendrían la obligación de recopilar información como las huellas dactilares o la biometría ocular de sus clientes, para enviarlos a un registro gestionado por el regulador de telecomunicaciones de México.

Va para atrás

En aquel entonces esto era una simple propuesta; no obstante en semanas pasadas, para ser precisos el paso 17 de abril, entró el vigor el que ahora es conocido como Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que ahora ha sido impugnado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que hace unas horas aprobó interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que avala este registro.

La justificación detrás de esta decís en que la recopilación de datos biométricos causan afectaciones a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales, además de ser “excesiva”.

Adicional, aseguraron que la entrega de esta información no garantiza la disminución de los actos delictivos perpetrados mediante las líneas telefónicas, por lo que consideraron la ley como una “regresiva entre derechos codependientes”.

“Advertimos que diversas disposiciones de dicho decreto causan afectaciones de distintos tipos a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales consagrados en los artículos 6 y 16 de nuestra Carta Magna”, señaló la presidenta del INAI, Blanca Ibarra Cadena, al tiempo que añadió “la lectura del decreto referido permite advertir problemas constitucionales relacionados con la falta de proporcionalidad en la intervención a derechos humanos que implican la creación de un padrón que incluye datos biométricos de las personas usuarias del servicio de telefonía en el que resulta obligatorio registrarse so pena de la cancelación del servicio medida que también tiene efectos retroactivos en perjuicio de las personas que cuentan con el servicio de telefonía móvil desde antes de la entrada en vigor de la reforma”, añadió.

¿Telmex el culpable?

Esta decisión causó reacciones en medio de la conferencia matutina del prescindente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien al abordar el tema encontró a un culpable detrás del freno de esta nueva ley: Telmex.

De esta manera, durante su reunión con medios de comunicación, AMLO acusó a Telmex de impulsar una campaña a través de jueces y organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así como en medios de comunicación para desacreditar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

“El propósito de esta Ley es tener un registro para proteger al pueblo, pero como a las telefónicas lo único que les importa es el dinero, su dios es el dinero, entonces se lanzan porque según ellos van a dejar de vender, según ellos, van a dejar de lucrar”, afirmó el mandatario al tiempo que refirió “es Telmex, son los que más están empujando con una campaña en contra con los medios de comunicación”.

Mala relación con la iniciativa privada 

Más allá de lo fundamentadas o no que puedan estar las acusaciones del presidente, lo cierto es que no es la primera vez que acusa a grandes empresas de estar en contra de sus políticas y nuevas reformas, situación que podría dejar en claro que la relación entre gobiernos e iniciativa privada es especialmente tensa.

Desde hace unos días, marcas como Walmart, Oxxo y Bimbo se han mantenido en el centro de la conversación luego de que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las señalara como empresas que van en contra de su reforma electrónica, misma que en sus palabras les quitaría muchos de los beneficios en el pago del servicio de luz que ahora, aparentemente, poseen.

El asunto no es menor si consideramos que la correcta sinergía entre estos dos jugadores es crucial para acelerar el proceso de recuperación económica que el país necesita.

Recordemos que el consumidor confía en la colaboración de estas dos fuerzas de poder para enfrentar la crisis que dejó la emergencia sanitaria.

Cuando menos así lo refiere la edición especial del “”Barómetro de Confianza de Edelman 2020: Las marcas ante el Coronavirus”, encuesta que finalizada el pasado 26 de marzo y realizada a nivel mundial afirma que para el 62 por cientode los consumidores sus países no superarán la crisis sin el respaldo de las marcas.

Esto tiene sentido, si consideramos que cuando menos en sentimiento, las personas no creen que sus gobiernos y presidentes estén haciendo un buen trabajo en el manejo de la contingencia.

Cuando menos así lo refiere un reciente estudio firmado por McCann Worldgroup Truth Central, el cual indica que apenas el 14 por ciento de las personas a nivel mundial creen que sus gobiernos están muy preparados para enfrentar al COVID-19.

En este punto profundiza el análisis entregado por Edelman, al indicar que para el 55 por ciento de las personas las empresas y marcas están respondiendo con mayor rapidez y efectividad que los gobiernos. Por último, el 90 por ciento de las personas espera que las marcas colaboren con el gobierno para encontrar soluciones. Lo que está en juego es la confianza.