Una de las formas más comunes y populares de mantenernos comunicados es a través de Whatsapp, lo practico de la herramienta la vuelve fácil de usar, debido a ello se volvió en una aplicación que no puede faltar en los teléfonos inteligentes en la actualidad.

Así lo demuestra el crecimiento exponencial de la aplicación, según datos de TechCrunch, hasta julio de este año el número de cuentas activas por mes era de mil 300 millones.

Quizás, debido a esta cotidianidad es que la gente puede atribuirse ciertas libertades que no son permitidas; uno de los ejemplos más claros de ello es el agregar a una persona a un grupo de Whatsapp, puede ser para mantenerse en contacto con vecinos, amigos, compañeros de trabajo, el equipo de futbol, entre otros casos.

Sin embargo esta acción, en caso de no contar con el consentimiento previo, puede derivar en delito. Prueba de ello fue lo acontecido en una provincia de España, un concejal del ayuntamiento de Boecillo creó un grupo de 255 integrantes con el objetivo de compartir las novedades de la región entre sus habitantes.

Esta acción, de primer instancia parecería algo común, no obstante derivó en una violación a la ley, ya que al momento de crear el grupo, no se contó con la autorización de todos los participantes, algo que es considerado como una falta grave ante la Ley Orgánica de Protección de Datos de la nación europea.

Se contempla que por un hecho de este tipo, el culpable podría ser acreedor a una multa de hasta 300 mil euros; y es que del total de los usuarios que formaban parte del grupo, únicamente 38 habían dado su consentimiento para ser parte del mismo; los demás se inconformaron y decidieron presentar una queja ante el regulador.

Luego de la investigación se comprobó que las autoridades locales habían violado la norma, sin embargo no fueron sancionadas ya que eliminaron de inmediato el grupo.

¿Y en México?

Merca2.0 conversó con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para saber sí es que en México existe una norma castigue este tipo de hechos; ante ello, el organismo señaló que tanto para empresas y dependencias de Gobierno existen leyes que protegen a las personas en caso de que suceda una eventualidad de este tipo.

Ya que en caso de que se incurra en un hecho de este tipo, la dependencia revisará las condiciones contractuales para verificar los lineamientos al interior de una compañía o dependencia pública.

Por tal motivo, al interior de las empresas se debe contemplar que este tipo de actos pudiera derivar en una acción en su contra, algo que podría repercutir en la reputación de una marca; de tal modo que estar enterados de este tipo de restricciones favorecerá el entorno laboral al tiempo que se evitan malas prácticas.