El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, promulgó un inédito proyecto de ley obligando a las plataformas de alquiler de vivienda a corto plazo, como Airbnb, a enviarle una lista de sus anfitriones, bajo la consecuencia de recibir fuertes multas, en caso de no hacerlo.

La resolución, que se aplica a todos los sitios de alojamiento a corto plazo, requiere que los operadores proporcionen una lista de todas las transacciones realizadas para viviendas dentro de la ciudad de Nueva York.

El pedido entrará en vigencia en 180 días (aproximadamente seis meses).

La capital financiera de Estados Unidos es la última de una larga lista de ciudades que coloca a sitios como Airbnb en el punto de mira, en medio de una reacción global en contra de las startups de “economía colaborativa” que perturban a las industrias tradicionales.

Los partidarios de la legislación de Nueva York argumentan que reprimirá los alquileres ilegales a corto plazo, que según ellos hacen aumentar los alquileres y que la vivienda sea aún menos asequible en una ciudad ya de por sí cara.

Airbnb acusa al poderoso lobby hotelero de la ‘Gran Manzana’ de promover la legislación, argumentando que la mayoría de los usuarios son neoyorquinos empedernidos que intentan ganarse la vida alquilando habitaciones en sus casas.

La ley exige a las plataformas de alquiler a corto plazo propocionarle los datos sobre transacciones a las autoridades de la ciudad e impone una multa mil 500 dólares, por listado, por mes por cualquier informe inexacto.

Nueva York es el mercado más grande para el sitio de alquiler Airbnb en los Estados Unidos.

Josh Meltzer, jefe de política del noreste para Airbnb, dijo que “estamos decepcionados” porque Blasio prefirió defender al lobby hotelero que “a la clase media de Nueva York que depende de compartir la vivienda para sobrevivir“.

“Muchos propietarios responsables se enfrentan actualmente a una inspección agresiva y sin control, y son temerosos por lo que sucederá bajo esta nueva legislación”, acotó.

El estado de Nueva York ya endureció las normas en 2016, aplicando fuertes multas a aquellos que alquilan apartamentos desocupados por menos de 30 días, a menos que el propietario o arrendador esté presente.