La trata de personas representa una grave violación de los derechos humanos, puesto que implica, en sí misma, todos los supuestos que atentan contra la dignidad humana. Más aún, es una actividad criminal altamente lucrativa, en la que están involucrados grupos delictivos organizados, y que en la mayoría de los casos se vincula con otras actividades dañinas.

En México y el mundo, la trata de personas afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que se asocia a múltiples formas de discriminación y violencia por razones de género y edad. 

El género y la edad, cuando se cruzan con otras intersecciones como la raza, el estatus migratorio, la discapacidad, la ubicación geográfica y las desigualdades generan condiciones de mayor vulnerabilidad en estos grupos poblacionales, lo que incrementa las probabilidades de ser víctimas de trata de personas. Asimismo, las violencias ejercidas al interior de los hogares, incluidas la sexual y física, particularmente afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes, rompiendo sus vínculos familiares, lo que suma un factor de vulnerabilidad más. 

Las causas detrás del problema son multidimensionales: destaca la pobreza y falta de oportunidades económicas; la desigualdad y violencia de género; el desplazamiento forzado y la migración; ambientes familiares violentos y poco protectores; la carencia de información sobre la trata de personas; crecientemente, el uso de las redes sociales está facilitando también el engaño a niñas y niños; además de que aún falta mucha información y sensibilización para lograr una mayor participación ciudadana en la prevención y combate a este grave delito. 

Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde enero de 2015 a junio de 2024, se han presentado 2,596 casos de trata de personas en niños de 0 a 17 años, con un desglose de 656 hombres y 1,940 mujeres; esto sin considerar todos los casos que no se registran.

Para combatir este delito, se requiere una estrategia integral en la que se asegure que todas las personas, en especial las mujeres, las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a mayor información sobre sus derechos y cómo pueden ejercerlos, para así evitar ser presa de grupos delictivos. 

Asimismo, es fundamental la sensibilización y capacitación de la sociedad civil en torno a esta problemática para crear redes solidarias, fuertes y capaces de enfrentar y, más aún, evitar abusos que se relacionen con la trata de personas. 

Además, es indispensable un trabajo conjunto en todos los niveles de gobierno que pongan empeño en la creación, seguimiento y compromiso en sistemas de protección que garanticen que ninguna niña, niño o adolescente sea víctima de trata de personas. No olvidemos que en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se establece que las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes. Es indispensable también fortalecer los mecanismos de denuncia, detección y atención de casos, mediante una articulación adecuada entre las autoridades, para garantizar la restitución de derechos y reparación del daño a todas las niñas, niños y adolescentes víctimas. 

Todas y todos tenemos un compromiso humano, social y ético contra la trata de personas. Es nuestro deber trabajar en su prevención, intervención y restauración. Pero sobre todo, no debemos olvidar que no podemos dejar a ninguna niña o niño atrás en la lucha contra la trata.