El rasgo distintivo del manejo de la información de la información en la 4 T es el empleo de la narrativa reduccionista, perversa y tramposa. Un ejemplo reciente es el rumor que esparció el ministro Arturo Zaldívar sobre supuestas amenazas de jueces y magistrados al personal del Poder Judicial para que desistieran de inscribirse como candidatos en el proceso de elección de candidatos a jueces y magistrados que se llevará a cabo el año próximo. En realidad lo que buscaba Zaldívar era justificar el fracaso de la convocatoria para este proceso, pues hasta el miércoles 20 de noviembre solo estaban registrados cuatro mil 825 aspirantes a juzgadores federales en los tres Comités de Evaluación de los Poderes de la Federación, siendo que se requieren al menos 16 mil 230 perfiles de candidatos para que el Instituto Nacional Electoral (INE) prepare la elección judicial de 2025, según lo establecido en el artículo 96 tras la reforma constitucional en la materia. A cuatro días del cierre de inscripciones, faltaban más de 10 mil aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se realice de forma adecuada el proceso electoral judicial extraordinario de junio de 2025. 

La pregunta es, ¿qué ganarían los jueces y magistrados con las supuestas amenazas a las que hace alusión Zaldívar? Es un hecho que la elección se llevará a cabo y también el que los actuales jueces y magistrados dejarán su cargo, por lo que la paranoia del ministro no cabe.

El mismo caso de la manipulación informativa se presentó con la justificación de la propuesta de desaparición de los organismos autónomos, pues se argumentó la carga presupuestal en el erario, cuando en el presupuesto de la Federación los recursos destinados a los organismos autónomos representa apenas el .05 por ciento del total. Los 9 billones de pesos aprobados para ellos significan que de cada 100 pesos, sólo 5 centavos se destinan a los organismos autónomos, por lo cual la argumentación de gasto excesivo no tiene fundamento. Tampoco el argumento de corrupción, pues no hay carpetas de investigación abiertas sobre casos en ese rubro, contrastando con casos como el fraude millonario de SEGALMEX, escándalo mayúsculo durante la gestión de AMLO.

Otro ejemplo es el de la consulta patito para escuchar al pueblo bueno y sabio sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial, con resultados previsibles antes de llevarla a cabo. ¿Quién, en su sano juicio, se opondría a que se mejorara cualquiera de los poderes?  En realidad, el móvil de la encuesta era “legitimar” una acción de AMLO que se dio como respuesta a la oposición del Poder Judicial a las reformas propuestas por el Ejecutivo, que requerían tanto de la mayoría calificada en las Cámaras y de la anuencia del Poder Judicial, que por supuesto no obtuvo. 

El uso de argumentos falaces para manipular a la opinión pública disfrazando las verdaderas intenciones, ha sido práctica común de la 4 T. Recordemos la primera gran simulación de encuesta que se hizo para validar la suspensión de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que implicó el desembolso de 113 mil 327 millones de pesos. La elección en esa “consulta nacional” era que se mantuviera la construcción de la terminal aérea en el antiguo lago de Texcoco o bien que se reacondicionaran el aeropuerto de la CDMX y el que se ubica en Toluca, construyendo además dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

El empleo de falacias (argumentos falsos que parecen verdaderos) es práctica común en la comunicación gubernamental, para disfrazar de democracia lo que en realidad es maquillaje de medidas autoritarias