La Comisión Europea quiere evitar que cuando los huéspedes que han contratado un alquiler a través de la plataforma, lleguen al mismo se encuentren con que les han cambiado el precio inicial, como está sucediendo, pero además, Airbnb deberá poder garantizar que la propiedad del inmueble es realmente de quien se anuncia para evitar casos ilegales de subarrendamientos.

Es por ello que Bruselas ha denunciado este lunes que la empresa estadounidense estaría incurriendo en varias faltas de transparencia e información fidedigna para el usuario de este servicio de intermediación, al que da hasta finales de agosto para proponer “soluciones detalladas” que resuelvan los problemas planteados. De lo contrario, esta situación irregular podría acarrear multas a la plataforma.

La comisaria europea responsable de Consumo, Vera Jourová, aseguraba que no puede ser una excusa para no cumplir con las normas de consumo de la UE, gozar de gran popularidad entre los usuarios. “Los consumidores deben entender fácilmente cuánto y para qué servicios pagan. Y tener reglas justas, por ejemplo, si el propietario cancela la reserva”, señalaba la funcionaria este lunes.

Se trata de una advertencia seria, la que realiza la CE a la compañía de rentas vacacionales, pues deriva de más de 6.000 denuncias interpuestas ante las autoridades de Protección del Consumidor por usuarios de Airbnb. Una muestra de lo que creen es una situación mayor, pues no todos se quejan ante los organismos pertinentes.

Según Bruselas, esta plataforma no ofrece información adecuada sobre los arrendatarios y no es clara en la forma en la que presenta el precio total del alquiler, lo que considera una falta de transparencia, que puede conducir a que los consumidores decidan sin conocer de antemano, todos los datos necesarios.

Por ejemplo, según señala la Comisión Europea, los precios que se ofrecen en la plataforma en Europa, no incluyen en su tarifa inicial, la comisión -que puede variar del 6 por ciento al 12 por ciento del precio base- así como tampoco se muestran los impuestos locales que se cobran en algunos destinos. El precio final se conoce al final del todo, cuando ya se está por aceptar la operación.

Por otro lado, la empresa nacida en San Francisco, Estados Unidos, no proporciona a sus clientes una dirección de correo electrónico para contactarles ni el enlace necesario para que los usuarios puedan acceder a la plataforma online de la Comisión Europea para poder presentar sus quejas, lo que estaría infringiendo las normas europeas de consumo.

Si Airbnb no presenta soluciones satisfactorias en el tiempo dado por la CE, se les iniciará un procedimiento de infracción cuyo resultado podrían ser la aplicación de sanciones económicas, que deberá establecer cada Estado miembro.

Por su parte, la plataforma ha respondido con un comunicado a Europa, en el que señala que se toma muy en serio dichos señalamientos y que se compromete a ser “lo más transparentes posibles” con su “comunidad”. Así mismo, en la misiva niega que sean poco transparentes con los precios, pues alegan que antes de formalizar la reserva, pueden ver todos los cargos que se incluyen, para finalizar asegurando que “Trabajaremos con las autoridades para aclararlo”.