El Grupo Telefónica, dueño de la marca Movistar en México, despidió a un grupo de directivos tras detectar conductas desleales con funcionarios estatales y municipales para acelerar la instalación de torres de comunicación.
De acuerdo con información recogida por el diario español El Confidencial, la operadora de telecomunicaciones inició una investigación en 2015 y concluyó recientemente, en la cual se confirmó que directivos Movistar pagaron sobornos a alcaldes y gobernadores de varios estados de México para instalar las radiobases a una mayor velocidad, ante los trámites que las empresas del sector enfrentan para expandir sus redes.
Los directivos de Movistar en México faltaron al código de ética de la compañía, que prohíbe a los empleados de la multinacional a entregar nada de valor tangible o intangible a cambio de un beneficio.
“No se puede entregar nada a cualquier funcionario público o electo, agente, empleado o persona que actúe en nombre de un gobierno nacional, provincial o local, departamento, agencia, organismo, compañía de propiedad o control estatal, organización pública internacional, partido político o entidad que es financiada mayoritariamente por fondos públicos”, indica el extracto del el código.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún mensaje sobre el tema, Merca 2.0 se comunicó con la marca para saber más del tema; sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo, no hemos obtenido respuesta.
Movistar México es uno de los competidores más fuertes dentro del los servicios de telecomunicaciones e internet y reportó a su matriz Telefónica ingresos generales por mil 336 millones de euros durante 2017 y cerca de 334 millones de euros para el cuarto trimestre del año.
Aunque los planes financieros de la división mexicana son un misterio, la empresa ha confirmó hace algunas semanas una inversión de 2 mil 465 millones de dólares para Brasil durante 2018 y un total de 8 mil millones de dólares para el periodo 2018-2020, esto luego de compromisos de canje de multas por inversiones pactadas con el regulador brasileño.
