En 2017, más de 60 por ciento de la población en México manifestó confiar en las instituciones públicas de educación, salud, el Ejército y la Marina, mientras que los niveles más bajos se registraron en los partidos políticos o en los diputados y senadores, en los cuales alrededor de solo dos de cada 10 personas expresó tener confianza.
Con motivo del “Día de la Administración Pública”, a conmemorarse este 23 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló este jueves que una de las dimensiones clave de la gobernanza es la confianza que deposita la población en las instituciones públicas, pues es un indicador de la forma en que las personas perciben el actuar gubernamental.
El año pasado, reportó, las instituciones de educación pública recibieron el mayor nivel de confianza con 76.9 por ciento de la población de 18 años y más en áreas urbanas que indicó sentir algo o mucha confianza en las universidades públicas y 74.6 por ciento en las escuelas de nivel básico.
A su vez, las instituciones de salud, el Ejército y la Marina, así como las comisiones de Derechos Humanos, también recibieron niveles altos de confianza con 64.7 por ciento, 62.2 por ciento y 52.7 por ciento de la población que sentía mucha o algo de confianza en estas instituciones, respectivamente.
El organismo apuntó que las dependencias relacionadas con el ámbito legislativo o el ejercicio del poder registraron los niveles más bajos de confianza.
Así, 51.5 por ciento de la población indicó sentir mucha desconfianza hacia los partidos políticos y 28.9 por ciento algo de desconfianza, en tanto que 74.4 por ciento expresó sentir mucha o algo de desconfianza en las Cámaras de Diputados y Senadores, y 71.7 por ciento en el gobierno federal.
Informó que en 2016, 4.2 millones de servidores públicos trabajaban en las diferentes instituciones de las administraciones públicas de México, lo que representó una tasa nacional de 344 servidores públicos por cada diez mil habitantes.
El 39 por ciento laboraba en el ámbito federal y el 61 por ciento en las administraciones estatales, puntualizó el Instituto.
De acuerdo con la función que desempeñaban, agregó, se observa que la mayor parte del personal estatal laboraba en instituciones educativas, ya sea de nivel básico, media superior o superior, las cuales concentraban 51.1 por ciento del personal.
En tanto, 14.7 por ciento de los servidores públicos estatales estaban adscritos a instituciones dedicadas a la salud, y 14.4 por ciento en instituciones de justicia, que incluye seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Mencionó que en el ámbito federal, 33.1 por ciento de los servidores públicos trabajaban en dependencias de seguridad social y 21.4 por ciento en educación.
Sobre la capacidad de atención a la población, apuntó que en 2016 había 344 servidores públicos por cada 10 mil habitantes a nivel nacional, de los cuales 210 laboraban en las administraciones públicas estatales y 134 en la administración pública federal.
A nivel estatal se encontraron diferencias significativas. Por ejemplo, en entidades como Puebla, Sinaloa y Coahuila de Zaragoza había menos de 100 servidores por cada 10 mil habitantes.
Señaló que en estados como Tabasco, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Durango, Hidalgo y Ciudad de México había más de 300 servidores por cada 10 mil habitantes.
Respecto a la distribución de los servidores públicos por sexo, con excepción de las instituciones del ámbito de procuración de justicia -tanto federal como estatal- donde la proporción de hombres fue mayor a la de mujeres, en general se encontró una distribución equivalente de hombres y mujeres laborando en las administraciones públicas.
Esto contrasta con la distribución observada en el resto de la economía donde el 61.8 por ciento de los trabajadores eran hombres y 38.2 por ciento mujeres, anotó el INEGI.
Si bien se encontró una proporción similar de hombres y mujeres laborando en la administración pública federal y en las entidades federativas, en todos los ámbitos de gobierno persiste la inequidad salarial por sexo, ya que la proporción de mujeres que recibía más de 20 mil pesos mensuales era menor que la de hombres.