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Carlos Bonilla

Lo que pasa en Internet, se queda en Internet… el problema es que se queda para siempre

Sabemos que cuando alguien es enjuiciado en la arena pública de Internet se le ataca en todas las formas (digitales) posibles.

Así se refirió Javier Murillo, director general de Metrics, al peligro que representan las redes sociales y los buscadores, “sobre todo por la información que obtienen de nosotros y por el poco cuidado que tienen con ella. Cada semana se publica una nueva acusación contra Facebook por filtración de datos personales”. Así lo expresó durante su participación como ponente en el Foro Nacional Reputación, Verdad, Redes Sociales y Derechos Humanos, que se llevó a cabo recientemente, organizado por la Academia Mexicana de la Comunicación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Actualmente se está dando una migración de usuarios de redes sociales -como Facebook-, a redes privadas como WhatsApp. Parece que después de la borrachera de las redes sociales, donde publicábamos de más, nos está pegando la cruda y ya tomamos conciencia de que no todos somos amigos (de los de Facebook) y no debemos publicar todo lo que nos pasa”, dijo Murillo.

Ante esta tendencia, no sólo los usuarios debemos actuar, también el Estado debería protegernos. Sabemos que cuando alguien es enjuiciado en la arena pública de Internet se le ataca en todas las formas (digitales) posibles y la información que se publica sobre él o ella permanecerá indefinidamente ahí. Casi nadie puede escapar a una “cacería digital”.

El derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos por diversos instrumentos internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 17 y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969   y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Cabe señalar que también existen otros instrumentos que establecen este derecho como son la Convención de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1959, la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales aprobadas por el Parlamento Europeo y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981 y de los que México no es parte.

En países como México estamos a merced de las redes sociales y no existe forma legal de proteger la integridad digital, psíquica y moral de los individuos, lo que afecta tres derechos que deberíamos tener como usuarios:

El primero y más importante es el derecho a la intimidad, sobre todo entre niños y adolescentes. Urgen normas que permitan proteger a este grupo vulnerable de ataques y de la difusión digital de dicha información. Las reglas y normas alrededor de este tema dependen más de las plataformas digitales (Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram) que de las leyes. Este poder de hacer las reglas y ejecutarlas, los pone en la posición de “juez y parte”.

El segundo, es el derecho de réplica. La clasificación de relevancia de la información que realizan los buscadores, sobre todo Google, no permite a los usuarios ejercer réplicas equitativas, lo que se traduce en injusticia por relevancia.

El tercero es el derecho a la prescripción; la última línea de defensa para cualquier individuo debería ser el derecho al olvido.

Ante las constantes violaciones de nuestros derechos en medios digitales, Murillo hizo un llamado al nuevo gobierno para que “se mueva a la velocidad que los medios digitales. Que tomen como referencia lo que se está haciendo en Europa, donde ponen al individuo en el centro de la discusión”

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