El resultado de la consulta patito para escuchar al pueblo bueno y sabio sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial fue el esperado por quienes la hicieron. Gran mayoría de los participantes se pronunciaron porque se proceda a la mencionada reforma. ¿Quién, en su sano juicio, se opondría a que se mejorara cualquiera de los poderes? Todo es perfectible y la respuesta esperada no podía haber sido otra. Habría que cuestionar -más bien- a quienes respondieron que no se requería reformar uno de los tres Poderes de la Unión. Los tres lo requieren, dicho sea de paso.

Sin embargo, el móvil de la encuesta en realidad era “legitimar” una acción de AMLO que se da como respuesta a que el Poder Judicial se opuso a las reformas propuestas por el Ejecutivo, que requerían tanto de la mayoría calificada en las Cámaras y de la anuencia del Poder Judicial, que por supuesto no obtuvo. En venganza, AMLO orquestó la destrucción del mismo, mediante la propuesta de una reforma que de facto supeditará al Poder Judicial a los caprichos del Ejecutivo. Llama la atención la obsesión de AMLO por dejar todo “planchado” a su sucesora, a pesar del desgaste político que ello implica. ¿Será que no quiere dejar la silla? Por lo pronto ya adelantó que el retiro a su rancho será interrumpido por obligadas visitas conyugales en la Ciudad de México…

El uso de argumentos falaces para manipular a la opinión pública disfrazando las verdaderas intenciones, ha sido práctica común en esta gestión gubernamental. Recordemos la primera gran simulación de encuesta que se hizo para validar la suspensión de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que implicó el desembolso de 113 mil 327 millones de pesos. 

La elección en esa “consulta nacional” era que se mantuviera la construcción de la terminal aérea en el antiguo lago de Texcoco o bien que se reacondicionaran el aeropuerto de la CDMX y el que se ubica en Toluca, construyendo además dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Quienes respondieron a la encuesta, sin tener contexto, se inclinaron por la suspensión de la obra, que habría resuelto -entre otras cosas- el problema de saturación del aeropuerto de la CDMX, cuando la opción claramente no lo resolvió y generó una colosal deuda que tendremos que pagar todos los mexicanos.

El verdadero móvil de la “consulta” también era la venganza, pues se hablaba de que funcionarios de la administración pasada habrían adquirido terrenos en las inmediaciones de lo que sería el nuevo aeropuerto, a precios preferenciales, para beneficiarse cuando entrara en operación ese megaproyecto. El otro argumento era que en el proceso de construcción de la nueva terminal aérea se habría incurrido en actos de corrupción, lo cual hasta la fecha no se ha probado.

La falacia oculta en la iniciativa de reforma al Poder Judicial es que la supuesta corrupción que allí impera se solucionará con que los Magistrados y Jueces sean electos mediante el voto popular. Una verdadera aberración, pues se trata de puestos de alto contenido técnico, cuya elección se hace actualmente por medio de filtros para comprobar trayectoria y competencia. Además, votar por jueces o agentes de la ley conlleva el riesgo enorme de que ganen quienes planteen las propuestas más populares, no necesariamente las más justas. 

Más de la mitad de los participantes en la mencionada consulta admitieron no estar enterados del proyecto de reforma al Poder Judicial. Son ellos quienes “decidieron” que vaya adelante la reforma, tal como está planteada por el Ejecutivo.

En realidad, las consultas son un disfraz de democracia. Dan la impresión de que se atiende una demanda popular, cuando en realidad sólo sirven para argumentar que la decisión fue consultada. Prueba de ello es que ya advirtieron que los foros que se llevarán a cabo para opinar sobre este particular son “para escuchar, sin que sea negociable la elección de Magistrados y Jueces mediante el voto popular”. La democracia también debe proteger y salvaguardar los derechos de las minorías, en la búsqueda de la igualdad ante la ley.

Los cambios propuestos en la iniciativa del llamado Plan C se basan en una premisa fundamental: la supuesta necesidad de realizar una purga de todos los poderes judiciales y de establecer un sistema de voto directo para los titulares de los órganos de la judicatura. De acuerdo con ella, la elección popular de jueces es necesaria para que “sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad” y para que representen “la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación”. En palabras de AMLO “jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo”. Falacias disfrazadas de democracia, que pretenden legitimar el autoritarismo. ¿Será que preparan otra falacia para un eventual “Plan D”, de dictadura, o un “Plan M”?…