La llegada de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha significado el trastrocamiento de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, cuyas profundidad y consecuencias todavía están por verse.
Un punto clave de ese cambio propuesto por el Presidente de la República fue la disminución del 50% en el presupuesto dedicado a publicidad gubernamental por el gobierno federal, lo cual fue un compromiso de campaña hecho por López Obrador. Así, en el Presupuesto de Egresos 2019 se tiene contemplado gastar en ese rubro casi 4 mil 260 millones de pesos, cifra que, de cumplirse, será efectivamente mucho menor al gasto que el gobierno de Enrique Peña Nieto realizó al año pasado (más de 9 mil millones). De hacerlo, será un esfuerzo digno de la austeridad republicana.
Sobre el tema, en una entrevista concedida a Merca 2.0 publicada en noviembre pasado, Jesús Ramírez Cuevas, hoy coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, expresó lo siguiente: “Lo que se busca es transparencia en las relaciones del gobierno con los medios, establecer criterios que sean de conocimiento público y, a través de eso, establecer el presupuesto destinado a los medios. Lo que se está planteando es que se reduzca a la mitad como parte del plan de austeridad. Centralizar el manejo de los recursos, no la operación de las oficinas de comunicación social”.
Lo anterior deja ver un par de ideas: por una parte, el deseo de terminar con la oscura y hasta tenebrosa relación poder-prensa, lo cual es por demás saludable pero que no ha terminado de concretarse (cabe recordar que la reforma a la Ley General de Comunicación Social del año pasado ha sido considerada insuficiente), y, por otra parte, una centralización de recursos cuya eficacia aún está por verse.
Lo anterior ha llevado a cierta situación de crisis, que se ha expresado, por ejemplo, en el recorte que varias empresas de comunicación han realizado cuando menos desde el último año. Y es que no pocas de ellas han existido gracias no a sus lectores sino a los recursos gubernamentales, por lo que ahora están obligadas a disputarse el público en diversas plataformas (impreso, web, radio y televisión), además de que ahora tienen la necesidad de buscar nuevas formas de financiamiento.
Entre las consecuencias de la política de medios también se debe incluir la reducción de las ganancias de empresas como Televisa, que informó en abril pasado de una caída de 20.1% de sus ganancias durante el primer semestre de este año. Por su parte, TV Azteca reportó que durante el segundo trimestre de 2019 registró una baja en sus ventas de publicidad de 28.6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Asimismo, hay que destacar que, sin duda, buena parte del discurso de López Obrador ha sido de confrontación con diversos medios de comunicación, en especial con Reforma e incluso Proceso, entre otros. Pocas veces, si no es que nunca, se había observado que un Presidente de la República tuviera tantos intercambios polémicos con la prensa debido a sus frecuentes cuestionamientos.
Lo anterior puede tener efectos favorables, como una mayor exigencia a los medios en términos de calidad y profesionalismo, además de transparencia, materia en la que muchos de ellos tienen déficits importantes.
Pero cabe también apuntar que también ese tono de enfrentamiento no parece abonar de manera positiva al ambiente de frecuentes agresiones contra los periodistas, el cual se arrastra desde hace varios años y que ha generado que México se encuentre entre los países más peligrosos para los reporteros (según diversos registros, la cifra de periodistas asesinados durante el presente gobierno va de 9 a 14, datos que varían por factores como si se considera que se trató de una represalia por su trabajo). Por supuesto, sería absurdo trazar una vinculación directa entre las declaraciones del mandatario y esos ataques, pero ayudaría que el tono beligerante disminuyera y que las autoridades correspondientes se encargaran de investigar los hechos y castigar a los responsables de esos crímenes.
Pese a lo anterior, puede decirse que, en términos generales, sigue preservándose un ambiente favorable al ejercicio crítico de la prensa. En ese sentido, es muy sintomático el tuit que el pasado 5 de agosto publicó Leonardo Curzio (quien colabora en Radio Fórmula, El Universal, Canal 11 y ADN 40), un periodista al que no se puede calificar como simpatizante del actual gobierno: “Tengo que decir que pese a mantener una perspectiva crítica de la administración de @lopezobrador_ su respeto a la libertad de expresión es pleno… nunca he recibido (como ocurría en el sexenio anterior) la típica llamada pidiendo ‘que le baje’”.
Así, toca a gobierno, medios y sociedad no sólo preservar el derecho a la información y la libertad de prensa sino también ensancharla. Y también que la prensa sea un negocio sano y claro.
