En los últimos días, la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel  López Obrador (AMLO) ha sido uno de los temas más debatidos y polarizantes en la  política mexicana. Más allá de las cuestiones técnicas y jurídicas que rodean esta  reforma, es crucial analizar el marketing político que ha acompañado la propuesta  y cómo este ha influido en la percepción pública y en el debate nacional. 

Desde el inicio de su mandato, AMLO ha demostrado una habilidad notable para  construir narrativas que resuenan profundamente en el electorado. La reforma  judicial no es la excepción.  

Presentada como un acto de justicia y transparencia, la propuesta ha sido  enmarcada como una respuesta a décadas de corrupción y opacidad en el sistema  judicial. Este enfoque apela a la percepción de necesidad de cambio y también se  alinea con la narrativa de AMLO como el gran reformador que combate al “sistema”  establecido. 

Uno de los principales componentes del marketing político detrás de esta reforma  es la simplificación de los mensajes. El gobierno ha trabajado arduamente para  presentar la reforma como una solución clara y contundente a problemas  complejos.  

“Vamos a llevar a cabo la reforma judicial, qué miedo van a tener si lo que  queremos es que se acabe la corrupción, desterrar la corrupción y ¿cómo lo  hacemos? pues con el pueblo, es quien ayuda a purificar a vida pública”, dijo el  mandatario este fin de semana, durante la inauguración del Parque del Jaguar y el  Museo de la Costa Oriental ubicados en Tulum, en el estado de Quintana Roo. 

““Se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho, para que de esa manera no  se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está  podrido el Poder Judicial”, insistió este lunes. 

Este enfoque es efectivo porque permite que el mensaje principal, la lucha contra  la corrupción y la impunidad, sea fácilmente digerido por el público. Sin embargo,  esta simplificación puede ocultar la complejidad y las posibles implicaciones de la  reforma. 

El gobierno también ha utilizado una estrategia de polarización para movilizar a  sus bases. Al posicionar la reforma como una batalla entre el pueblo y las élites  corruptas, AMLO ha logrado movilizar a sectores que se sienten marginados o  decepcionados por el sistema judicial existente. 

“Sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución que se detenga  el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma  constitucional dedicada al Poder Judicial”, afirmó en referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Esta táctica no solo fortalece su base electoral, sino que también crea un marco  en el que la oposición es vista como defensora del statu quo. La polarización, sin  embargo, también ha generado una atmósfera en la que el debate racional y el  análisis crítico a menudo quedan relegados a un segundo plano. 

El marketing político también se ha manifestado en la elección de los canales de  comunicación. Las redes sociales y los medios de comunicación han jugado un  papel crucial en la difusión del mensaje gubernamental. Las declaraciones y las  estrategias de comunicación se adaptan constantemente para maximizar el  impacto y minimizar la resistencia. En este contexto, el manejo de la información  y la presentación de los argumentos a menudo se adaptan para mantener el control  narrativo y evitar que se amplifiquen las críticas. 

A pesar de estos esfuerzos, la reforma judicial ha enfrentado una considerable  resistencia, tanto de sectores políticos como de la sociedad civil. Las críticas se  centran en cuestiones como la concentración de poder y la falta de garantías para  la independencia judicial.  

Este descontento sugiere que, aunque el marketing político puede ser efectivo en  la movilización y en la creación de una narrativa favorable, no puede sustituir un  debate sustantivo y una evaluación exhaustiva de las implicaciones de la reforma.