En días recientes, un grupo de incivilizados se apostaron afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obstaculizando las vías de acceso al lugar, para expresar protestas en contra de las decisiones de los ministros de la institución, mediante improperios, palabras obscenas y altisonantes, sin que las autoridades competentes hicieran algo para impedirlo.

Es cierto que la libertad de expresión es uno de los derechos humanos más importantes, fundamental en la vida de toda persona y no debe ser negado. Este derecho permite a los ciudadanos expresarse para plantear sus ideas. Una persona se define no solo por su condición biológica, sino por lo que piensa a través de cualquier manifestación del lenguaje.

En su artículo sexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, así como cualquier persona que quiera expresarse debe tener garantizado su derecho a ello, pero es menester aclarar que el contenido de lo que se exprese no debe entrar en conflicto con ningún otro derecho fundamental. Cada ciudadano debe ejercer su derecho a la libertad de expresión para manifestarse o defenderse sin perjuicio alevoso contra otro.

En este caso debemos hurgar en la frontera entre la libertad de expresión y el derecho al honor, ya que dichos insultos, descritos como “mentadas de madre” por el líder morenista Mario Delgado, quien al ser cuestionado sobre la posible autoría de los insultos por parte de miembros de su partido, dijo “tal vez son los mismos que hace unos días me mentaron la madre a mí”, considerando esas expresiones como normales en las protestas, tal como uno de quienes gritaron afuera de la SCJN, que espetó: “el pueblo es grosero, es la única forma en que entienden”. Tal “justificación” pretende normalizar el uso del lenguaje soez en las consignas, sin reparar en que está incurriendo en una violación al derecho al honor de la magistrada Norma Piña. Tomando en cuenta esta circunstancia, las autoridades debieron frenar a quienes se expresaron de esa manera.

El honor es el derecho que tiene toda persona a su buena imagen, nombre y reputación, de tal forma que todo individuo tiene derecho a que se le respete dentro de una esfera personal, cualquiera que sea su trayectoria. Es un derecho único, personal e irrenunciable de todo ser humano.

La libertad de expresión y el derecho al honor son dos derechos fundamentales que a veces entran en conflicto, ya que no hay un derecho que prime sobre el otro. El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal, entendida ésta como la apreciación que los demás puedan tener de una persona.

La libertad de expresión se encuentra limitada por el derecho al honor. Si bien este derecho constituye no solo un límite a dicha libertad sino también un derecho fundamental en sí mismo que protege un determinado ámbito de dignidad para su titular, por lo que se produce una limitación recíproca entre tales derechos.

En este caso, los insultos e injurias proferidos principalmente contra la presidente de la SCJN atentan contra su derecho al honor y buena reputación, el cual forma parte del elenco de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, estrechamente vinculado con la dignidad de la persona. El objeto de este derecho es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio de una función pública.

Los derechos a la libertad de expresión y al honor son garantía institucional para el debate público y para la formación de una opinión pública libre, indispensable en una sociedad democrática. Sin embargo, la normalización del uso de improperios y palabras obscenas atenta contra el derecho al honor de las personas y contra la sana convivencia.