Por León Felipe Sánchez Ambía
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Año con año el Gobierno, en sus tres niveles y divisiones, produce una gran cantidad de información y contenidos. El uso y explotación de dicha información, por la forma en que está redactada la Ley Federal del Derecho de Autor, le corresponde de manera exclusiva al Gobierno, lo que significa que si nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, quisiéramos aprovechar la información y conocimiento que generan las diferentes instituciones gubernamentales, deberíamos de contar, al menos en teoría, con una autorización por escrito para el uso y explotación de la información de que se trate.

La legislación mexicana en materia de derecho de autor establece que una obra queda protegida desde el momento en que la misma se fija en un soporte material. Es a partir de este momento en que nace un derecho exclusivo a favor del creador para decidir sobre su obra. En el caso de obras realizadas bajo relación laboral al servicio del Estado, los derechos de explotación de las obras nacen a favor del propio Estado. Este tendrá entonces al facultad de decidir la forma en que se han de utilizar y bajo que condiciones, los diferentes contenidos que se produzcan bajo su auspicio.

Ahora bien, si la información contenida en los documentos o archivos de que se trate, son producto de una actividad que se fondea con recursos públicos provenientes del pago de impuestos por parte de la ciudadanía, ¿porqué no entregárselos de manera irrestricta y libre a quienes pagaron por dichos contenidos? Para esto hay que reformar la Ley Federal del Derecho de Autor y agregar una fracción al artículo 14 de dicho ordenamiento para que queden exceptuados de la protección como derecho de autor que otorga la Ley, todos los contenidos e información gubernamental.

El Sistema Internet de la Presidencia de la República ha sido pionero en adoptar nuevos esquemas de licenciamiento para sus contenidos e información. En este tenor, si revisan el “footer” de la página de la Presidencia de la República, podrán apreciar que en vez de la típica leyenda de “Todos los Derechos Reservados”, han optado por un esquema más abierto y apegado a los fines para los que se crea la información pública en el que se utiliza la leyenda “Algunos Derechos Reservados”.

Esto ha sido replicado en diversos sitios de la Administración Pública Federal y parece estar tomando más fuerza debido a que las propias instituciones gubernamentales se han comenzado a dar cuenta de que la información que generan tiene como fin primordial el de ser difundida. En este orden de ideas, la adopción de un esquema de licenciamiento abierto, en principio, y una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, como segundo paso, puede ayudar al Gobierno a cumplir de mejor manera con su tarea de difundir la información pública que se genera a partir del pago de los impuestos por los contribuyentes, así como fomentar la transparencia y acceso a la información en forma de datos en bruto que puedan ser utilizados y organizados fácilmente por el usuario.

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