La devaluación del 50% del peso argentino respecto del dólar en sólo nueve meses y medio generó una crisis económica sólo comparable con la de 2001/2002 en la Argentina.
El aumento de los precios es una de las consecuencias, que como no tiene un correlato en los salarios, está produciendo una fuerte caída de los ingresos reales de los argentinos.
Además, hay un abrupto freno de la economía y, se espera, un amenazante impacto en el nivel de empleo.
La suba de precios de septiembre dada a conocer este miércoles por el organismo oficial de estadísticas (Indec) llegó al 6,5 por ciento. Es la segunda más elevada inflación intermensual del siglo 21, sólo superada por abril de 2002, cuando marcó 10,4 por ciento durante la salida de la llamada Convertibilidad (durante más de 10 años, un peso equivalió a un dólar).
Con el 6,5 de septiembre, la inflación anual ya suma el 32,4 por ciento y todos auguran un impactante 45 por ciento a fin de año.
El motivo es que las consultoras privadas ya dicen que los aumentos de tarifas de octubre elevarán el índice de precios cerca del 5 por ciento y que en noviembre y diciembre no será menor a dos o tres por ciento más cada mes.
En #AquíPetete | El economista Nadin Argañaráz: “Con la inflación de septiembre, lamentablemente, el año tiene garantizado una inflación de entre el 45% y 50%”. pic.twitter.com/gAQ4jTEvhL
— Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) 18 de octubre de 2018
Nuevo escenario
En este marco, las empresas argentinas deben ajustar sus balances por inflación, algo que no hacían desde principios de siglo. Esto es algo que “está generando un movimiento intenso en las empresas para adaptarse y evaluar cómo las afectará”, publicó La Voz.
Una de las causas que llevan a este nuevo contexto es “la decisión de los organismos internacionales de declarar a la Argentina como país hiperinflacionario (sólo hay otros cuatro en el mundo, entre ellos, Venezuela)”, dice el mismo medio. El propio Gobierno nacional también quiere que se aplique.
El problema es que no es una práctica habitual y pocos están capacitados para hacerla. “Hay muchos profesionales que nunca lo aplicaron y ni siquiera se formaron en las universidades en esta cuestión”, dicen en La Voz.
Todo esto traerá situaciones complejas que implicarán problemas hacia el interior de las compañías. “Los patrimonios de las empresas van a cambiar y también su composición. Los accionistas deberán tomar decisiones que no estaban previstas”, le dijo al medio argentino Javier Pereyra, gerente de Auditoría de Deloitte.
