Las jornadas de vacunación han levantado muchas dudas sobre la estrategia gubernamental para controlar la pandemia. Una de ellas es qué tan incluyente ha sido el sistema de salud con los sectores más vulnerables. ¿Alguien se ha preguntado cómo se han vacunado los adultos mayores que tienen alguna discapacidad? 

Quizás ni el gobierno se lo ha preguntado. Increíble desdén para un país donde viven más de 7.7 millones de personas con discapacidad. Pero lo más grave es que sólo el 10.4% de toda esta población cuenta con un apoyo federal. 

Celebro que la vacunación avance a un ritmo más acelerado del que esperábamos, pero no podemos hacer la vista gorda frente a una discriminación tan grave como la que están sufriendo las personas con discapacidad durante esta pandemia. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la vulnerabilidad de este segmento, pero el gobierno mexicano ha hecho muy poco para atenderlos. 

Vemos largas filas de adultos mayores esperando su vacuna. Pero en ningún momento nos hemos preguntado dónde están todos esos ancianos que están en cama o silla de ruedas, o que necesitan de una prótesis para poder desplazarse. No olvidemos que la discapacidad no sólo es un problema físico: también es un problema económico y social. 

Un derechohabiente con discapacidad inscrito en el Programa Pensión para el Bienestar recibe 2 mil 550 pesos bimestrales, una cantidad ínfima si se tiene en cuenta que el 54% de las personas con discapacidad vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Coneval.

El problema radica en que México vive en el viejo hábito de la simulación. Cuando Human Rights Watch advirtió que nuestro gobierno no estaba haciendo bien su trabajo al proteger a las personas con discapacidad cuando comenzó la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud puso una solución cosmética: pongamos toda nuestra información en lenguaje de señas. Como si con eso bastara para acabar con un problema cuya raíz está más allá del lenguaje incluyente.

Quizás lo más grave es que no existe ninguna estadística sobre cuántos de los muertos por covid-19 padecían alguna discapacidad. El hecho de que estas personas se encuentren en una situación tan riesgosa (porque muchos de ellos no pueden quedarse en casa debido a sus malas condiciones económicos) tendría que ser motivo suficiente para que fueran considerados como grupo de alta prioridad para las jornadas de vacunación. 

Urge que las organizaciones, las empresas, el gobierno y la sociedad civil alcemos la voz para visibilizar la discapacidad.