El grupo cementero franco-suizo LafargeHolcim reconoció el financiamiento a un grupo armado, probablemente el Estado Islámico (EI) para proteger una de sus plantas en Siria.

La empresa, considerada como la líder en la industria del cemento del mundo, admitió este jueves haber hecho un arreglo “inaceptable” para mantener la seguridad de una de sus plantas cementeras en Siria entre 2012 y 2014.

En un comunicado, la firma reconoció que su filial local en Siria “entregó fondos a terceras partes para encontrar arreglos con un cierto número de grupos armados sancionados”.

El escándalo fue revelado por el diario vespertino francés Le Monde, que según apuntó el acuerdo fue realizado para proteger a la cementera de Jalabiya, ubicada a alrededor de 150 kilómetros en el noreste de Siria, adquirida por Lafarge en 2007.

De acuerdo con el diario, la firma habría pagado por el derecho de paso de sus camiones en una zona controlada por el Estado Islámico (EI). Medios locales indicaron que existen recibos de los pagos de LafargeHolcim emitidos por el grupo yihadista.

Le Monde informó que LafargeHolcim pagó al menos durante un año al EI pero no indicó el montante.

Luego de las revelaciones del periódico, varias organizaciones no gubernamentales y el ministerio francés de Economía denunciaron al grupo cementero acusándole de financiamiento del terrorismo y de violar las sanciones de la Unión Europea contra el régimen sirio del presidente Bashar al-Assad.

Toyota estuvo en la mira

Las camionetas polvorientas atestadas de militantes fuertemente armados del autodenominado Estado Islámico (EI) son comunes en las imágenes de propaganda difundidas por el grupo extremista.

La marca automotriz fue acusada en 2015 de financiar en especie al grupo armado. Ante los cuestionamientos, la firma dijo desconocer la razón del uso de los vehículos y colaboró con la investigación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Toyota también indicó que la compañía cuenta con procedimientos y compromisos contractuales para tratar de prevenir que sus productos sean desviados para uso militar no autorizado.

No obstante defendió que “es imposible para cualquier fabricante de automóviles controlar los canales indirectos o ilegales a través de los que los vehículos pueden ser sustraídos, robados o revendidos por terceras partes independientes”.

En los videos difundidos por los extremistas también aparecen vehículos de otras marcas, por ejemplo, Kia o Hyundai, aunque de momento sólo ha trascendido el requerimiento de información a Toyota.

Se estima que la agrupación terrorista tiene entre 300 millones y 700 millones de dólares entre negocios de extorsión y lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro y otras agencias estadounidenses envían regularmente a Bagdad informes de inteligencia sobre transacciones financieras sospechosas de estar ligadas a terroristas y mantienen una estrecha relación con los reguladores y los organismos de seguridad de los países vecinos. Pero el flujo de efectivo continúa.