El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue entregado este lunes por las autoridades guatemaltecas a sus pares mexicanas en cumplimiento del proceso de extradición solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR) para ser procesado por varios delitos que se le imputan a nivel estatal y federal.
Duarte de Ochoa, a quien se le fincaron cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, abordó un avión con matrícula mexicana XC-LNN que está previsto aterrice alrededor del mediodía en el hangar de la PGR en la Ciudad de México.
El exmandatario veracruzano fue detenido con fines de extradición el 15 de abril en el sitio turístico de Panajachel, municipio del occidental departamento de Sololá.
En su momento, las redes sociales reflejaron la importancia que tenía para el usuario digital mexicano la aprehensión de Duarte, ya que generó poco más de 38 millones de impresiones en Twitter, según cifras de Tweet Reach.
Por su parte, la información de entrega y la cobertura que los medios realizaron este lunes al respecto generó poco más de 6 millones 900 mil cuentas alcanzadas, mientras que tuvo 8 millones 30 mil impresiones en Twitter, además de convertirse en tendencia nacional.
En el marco legal, luego de la extradición desde Guatemala, el detenido de inmediato será puesto a disposición de un juez federal para que responda por los delitos que se le imputan.
El 6 de julio, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México que quedaron firmes las dos solicitudes formales de extradición de Duarte.
En las audiencias del 27 de junio y del 4 de julio, sobre las acusaciones por los delitos del fuero federal y común, el exgobernador veracruzano resolvió allanarse al proceso de extradición.
Duarte de Ochoa, vinculado con la nueva generación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberá responder por el desvío de cerca de 55 mil millones de pesos, los cuales fueron cuantificados en febrero por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis)
El monto desviado forma parte de la Cuenta Pública 2016 de los entes municipales, y fueron recursos pendientes de solventar en el Estado desde el ejercicio fiscal de 2011.
Durante los últimos 10 meses, sólo tres de los siete exgobernadores afiliados al PRI con sospechas de malos manejos en sus administraciones, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, entre los que destacan lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
En total, los exgobernadores de Veracruz (Javier Duarte), Quintana Roo (Roberto Borge), Chihuahua (César Duarte), Durango (Jorge Herrera), Tamaulipas (Egidio Torre Cantú), Nuevo Léon (Rodrigo Medina), Sonora (Guillermo Padrés, gobierno panista) y Coahuila (Rubén Moreira) incrementaron, de acuerdo con datos de los estados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 186 mil 535.7 millones de pesos respecto a la que recibieron al llegar al poder.
Estas acciones han causado un castigo electoral para el partido tricolor, ya que ha perdido fuerza en estados en los que regularmente tenía un dominio importante, ya que de 22 gubernaturas que controlaba al principio del sexenio del presidente Peña Nieto, el mapa partidista se ha reducido para ubicarse en 15, en espera de los resultados electorales en el Estado de México, Nayarit y en Coahuila.
El tema tiene una relevancia y una importancia dentro del marketing político a nivel nacional, debido a que los resultados en este proceso democrático están abriendo un panorama más complejo e indefinido en cuanto al voto de cara a los sufragios del 2018.
