Por León Felipe Sánchez Ambía
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No queda la menor duda de que el fenómeno que se ha dado a lo largo de la última semana en torno a twitter y la protesta que a través de dicha red social se ha llevado a cabo, rechazando de forma enérgica el establecimiento al impuesto del 3% a las telecomunicaciones, ha sido un éxito. La contribución de las personas suscritas se traduce en más de 70,000 mensajes enviados por más de 10,000 usuarios.
La noticia trascendió más allá de nuestras fronteras y llegó a ser difundida por medios extranjeros como la BBC y El País. Los medios de comunicación más importantes en nuestro país cubrieron lo sucedido y los Senadores no pudieron ignorar el malestar generalizado por la aprobación del paquete económico propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados.
Al momento de escribir esta nota, el acuerdo de los legisladores es aprobar en lo general la Ley del IEPS pero reservar para su discusión el punto relativo al establecimiento de un nuevo impuesto del 3% a las telecomunicaciones. Incluso, en la Cámara de Diputados se presentó un punto de acuerdo propuesto por el Diputado Francisco Hernández Juárez en donde se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a rechazar cualquier dictamen que pretenda establecer un impuesto a las telecomunicaciones.
Lo único cierto es que la versión final será aquella que veamos publicada en el Diario Oficial de la Federación. Alternativas se han propuesto y los Senadores las han escuchado y, en algunos casos, hecho suyas. Entre las diferentes propuestas que se han realizado para impedir el establecimiento del impuesto del 3% a las telecomunicaciones se encuentran las siguientes:
1- Ampliar la base de contribuyentes
2- Impulsar el desarrollo y uso de las telecomunicaciones en todos los sectores de la población para aumentar la derrama económica y en consecuencia la recaudación vía los impuestos que ya existen.
3- En caso de aprobarse el impuesto, destinar ese mismo 3% al desarrollo de infraestructura pública que permita que los sectores menos favorecidos tengan acceso a las telecomunicaciones. Por ejemplo, crear redes municipales de internet de libre acceso. De esta forma se cumple con uno de los objetivos principales de todo impuesto: la redistribución de la riqueza.
4- Además de licitar 2 hilos de los 32 de fibra óptica que tiene la CFE, permitir que la propia CFE entre al mercado de prestación de servicios de telecomunicaciones para fomentar la competencia en el sector, incrementar la calidad de los servicios y abaratar los costos para el usuario final.
5- Impulsar el uso de versiones digitales de los libros de texto gratuito en los sectores más favorecidos de la población y utilizar los recursos que se ahorren en impresión y distribución de ejemplares para sustituir el impuesto al 3% en telecomunicaciones.
6- Al igual que en Brasil, adoptar el uso de software libre en el gobierno como una política de Estado y destinar los recursos que se ahorren por el pago de licencias de uso al fomento de una industria desarrolladora de software libre mexicana, incrementando la recaudación vía el crecimiento de la actividad económica.
7- Independientemente de que se apruebe o no el impuesto del 3% a las telecomunicaciones, impulsar la aprobación de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet a fin de obligar a los prestadores de servicios del sector a proporcionar servicios de alta calidad y garantizar derechos básicos para los usuarios de internet en México.
En consecuencia, lo que sigue es presionar a nuestros legisladores para poder establecer una política de Estado que impulse el acceso y la adopción de las telecomunicaciones como herramienta de trabajo y factor de desarrollo por un lado y por el otro establecer un marco legal que garantice derechos básicos a los usuarios de internet en México.
Lo que está en juego no son $15 pesos más en una factura. Lo que está en juego es un proyecto de nación. Nuestra labor ciudadana no termina con el ejercicio del derecho a elegir a nuestros representantes. Justo ahí es donde comienza. Aprovechemos las nuevas plataformas y herramientas que tenemos a la mano para fomentar la participación ciudadana de forma organizada. A las telecomunicaciones debemos impulsarlas, no tasarlas.
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