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La corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos para el progreso en América Latina, afectando la estabilidad política, la economía y la confianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, publicado por Transparencia Internacional, la región muestra avances en algunos países, mientras que en otros la falta de transparencia y la impunidad siguen siendo problemas persistentes.
El informe, que mide la percepción de la corrupción en el sector público en 180 países y territorios, sitúa nuevamente a Uruguay como el país mejor evaluado de la región con 76 puntos, consolidándose como un referente en transparencia. Chile y Costa Rica le siguen con 63 y 58 puntos, respectivamente, destacándose por contar con instituciones más sólidas y mecanismos de rendición de cuentas más efectivos.
En el otro extremo, Venezuela es el país con la peor calificación en Latinoamérica, obteniendo apenas 10 puntos y ubicándose en el puesto 178 a nivel mundial. Nicaragua y Haití también figuran entre las naciones con mayores niveles de corrupción, con puntuaciones de 14 y 16, lo que refleja la fragilidad de sus instituciones y la falta de mecanismos eficaces para combatir estas prácticas.
El problema de la corrupción en la región no es un fenómeno reciente ni aislado, sino el resultado de estructuras políticas y económicas que han favorecido la opacidad y la impunidad. En muchos países, los casos de corrupción quedan sin consecuencias debido a sistemas judiciales débiles o cooptados por el poder político.
En algunos casos, la corrupción se ha convertido en un mecanismo de control utilizado por los gobiernos para consolidar su poder. Favores, sobornos y clientelismo aseguran la lealtad de sectores clave, lo que perpetúa regímenes poco democráticos y dificulta la implementación de reformas. Aunque la sociedad civil y algunos medios de comunicación han denunciado estas prácticas, la falta de acceso a información pública y el temor a represalias han dificultado la exigencia de cuentas.
A pesar de los desafíos, algunos países han demostrado que es posible avanzar en la lucha contra la corrupción mediante reformas estructurales y la implementación de políticas más efectivas. Sin embargo, sin una estrategia regional coordinada y sin la cooperación de todos los sectores, la corrupción seguirá siendo un obstáculo para el desarrollo y la democracia en América Latina.
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