A pesar de que el mercado de los cigarrillos electrónicos y los vapes sigue en expansión en muchos países, más de 30 naciones han optado por prohibir su venta, ya sea total o parcialmente, en un intento por frenar los riesgos asociados a su consumo.
Y es que, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2023, la mayoría de estos países prohibidores se encuentran en Sudamérica y Asia, con países como India, Brasil y Singapur liderando la lista. En Europa, solo Noruega ha implementado una prohibición total, mientras que en países como Francia, Alemania y Estados Unidos se han establecido regulaciones más estrictas sobre el uso, la venta y la publicidad de estos productos.
Recientemente, Vietnam también se ha sumado a la tendencia de restricciones, uniendo su voz a la creciente lista de naciones que consideran los riesgos de salud derivados del vapeo como motivo suficiente para prohibir su circulación. En el Reino Unido y Bélgica, por ejemplo, la venta de vapes desechables ha sido restringida, con Bélgica ya aplicando la medida y el Reino Unido planeando hacerlo a partir de mediados de 2025.
Si bien las restricciones no son universales, la preocupación por los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos ha llevado a más de 80 países a implementar normativas para regular su uso. Este fenómeno refleja un esfuerzo global por equilibrar la innovación de nuevos productos de consumo con la protección de la salud pública.
En México, la reciente prohibición de los cigarrillos electrónicos ha generado un debate considerable. El Senado aprobó esta medida junto con restricciones a la producción de fentanilo, lo que fue respaldado por muchos sectores en busca de proteger la salud pública. Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por todos, especialmente por la industria, que alerta sobre la posible expansión del mercado negro. Además, empresas como BAT México ya han retirado sus productos del mercado, a pesar de los esfuerzos por cumplir con la reforma constitucional, lo que ha complicado la situación para distribuidores y consumidores.
La prohibición ha dividido opiniones: mientras algunos defienden la decisión como un paso necesario para proteger a los jóvenes, otros señalan que esta medida podría fomentar el comercio ilegal, lo que pondría en riesgo a la población con productos no regulados y de calidad incierta.
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