• Agentes de la misma IP admiten que hay outsourcing blanco y negro, con algunas compañías tratando de aprovecharse de este sistema

• Por ejemplo, algunos empleadores incluso han empezado a despedir a estos colaboradores para no tener que pagar aguinaldo

• En paralelo, buena parte de los agentes privados concuerdan que este formato laboral es útil para ciertos objetivos de negocio

Esta mañana, durante la conferencia mañanera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y representantes de la Iniciativa Privada (IP) firmaron un nuevo acuerdo en outsourcing. De acuerdo con El Financiero, se trata de un compromiso con cuatro puntos clave, que se va a empezar a aplicar en febrero de 2021, para cambiar las condiciones de este formato laboral. En el documento, ambas partes se comprometen a resolver el abuso de la subcontratación.

Asimismo, se comprometieron las partes a definir un mejor esquema de reparto de utilidades, así como esperar hasta febrero de 2021 para tener las discusiones correspondientes. A la vez, se le exhortará a las compañías que aún practiquen el outsourcing que detengan de inmediato sus prácticas irregulares perjudiciales. IMSS, Infonavit y SAT también exhortarán a las marcas para detener cualquier fenómeno de este tipo, así como cualquier posible comisión de delitos.

Otros miembros de la IP no están contentos con el acuerdo de outsourcing

Si bien el presidente del CCE y representantes obreros estuvieron presentes en la firma, dando su apoyo a la iniciativa del Gobierno, según El Financiero otros grupos no están tan contentos. En específico, Coparmex, CNA y Canacintra han dicho que rechazan el acuerdo tripartita que se firmó en Palacio Nacional. A su parecer, se trata de un documento en donde se coarta su libertad de subcontratación. No solo eso, sino que dicen que afectará la economía nacional.

En concreto, consideran que puede representar un atentado contra la creación de empleos formales, así como a la subsistencia de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). En un comunicado, las tres organizaciones señalaron que la filosofía del outsourcing debería ser en pro de la regulación, no una directa prohibición del modelo. Al mismo tiempo, reafirmaron su compromiso a mantener un diálogo abierto con el gobierno para encontrar una mejor solución.

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Las dos caras de la subcontratación

Dentro de este debate, lo cierto es que hay visiones en ambos lados de la discusión. En datos de Infobae, el outsourcing si es muchas veces una excusa para poner a los trabajadores en una situación laboral injusta. No solo hay sistemas como la discriminación laboral en juego. Hay también amplios casos de prestaciones inferiores, así como condiciones de contratación que no dan certidumbre a los individuos. En este sentido, tiene mucho sentido su prohibición.

Por otro lado, de acuerdo con Diario Rotativo, es también una herramienta crucial de para el desarrollo empresarial de México. Sin embargo, sí se acepta ampliamente que hay ciertos puntos que podrían permitir la explotación de trabajadores y la evasión de ciertas obligaciones fiscales. En este sentido, la prohibición del outsourcing es una medida que podría terminar por herir a varias organizaciones. Pero con mejor regulación, se podrían abordar todos los retos.

Otras consideraciones del outsourcing

Como ha estado frecuentemente en los reflectores, en las últimas semanas se ha analizado a profundidad este esquema laboral. Se estima que, de eliminarse el outsourcing del país, no solo se podrían perder millones de empleos formales en todo México. Asimismo, podría llevar a que las empresas asuman mayores costos en ciertas operaciones en las que no están bien preparadas. De hecho, esta es la principal razón por la que existen estos esquemas de trabajo.

Por otro lado, también se ha señalado que la prohibición del outsourcing podría tener una serie de reacciones inesperadas en Gobierno, el principal impulsor de su salida. Varios agentes han señalado que la administración federal ha invertido alrededor de cinco mil millones de pesos en estos formatos. Y en muchos casos, son estas mismas instituciones publicas las que llevan a cabo los esquemas abusivos a los trabajadores que supuestamente están impulsando la ley.