Las modificaciones a la Miscelánea Fiscal para 2019 presentan una problemática dramática para las donatarias autorizadas por el Sistema de Administración Tributaria para expedir recibos de deducibles de impuestos para sus donantes. Instituciones como las fundaciones verán amenazada su supervivencia pues los donatarios son personas o entidades que hacían deducibles sus aportaciones para actividades filantrópicas, de beneficencia o de investigación, tales como hospicios, asilos y demás instituciones conformadas como asociaciones civiles, fideicomisos y otras estructuras legales, que suelen ser conocidas como patronatos o fundaciones, y que están a cargo de instituciones religiosas o laicas defensoras de grupos vulnerables de la población sin un propósito de lucro.

Más allá del altruismo, muchas empresas han basado su posicionamiento ante la opinión pública en actividades de beneficio social, pero bajo el amparo de la deducibilidad de los gastos.

Sin este recurso, las aportaciones de individuos, empresas e instituciones se verá disminuida en forma importante, lo que por un lado amenazará su subsistencia y por otro obligará a un cambio de estrategia para el posicionamiento de las empresas ante sus públicos objetivo.

Difícil pronosticar el destino de grandes campañas como las del Grupo México para proporcionar servicios de salud a comunidades rurales marginadas, o la de Cinépolis, para devolver la visión a personas de bajos recursos afectadas por las cataratas, por mencionar ejemplos de ello.

Es cierto que grandes campañas se han hecho al amparo de la deducibilidad, pero es innegable que proporcionan servicios indispensables que el gobierno no tiene la capacidad de prestar.

Si concluyen o disminuyen notablemente campañas como las mencionadas el gobierno se verá obligado a llenar esos huecos y las empresas verán disminuidas sus posibilidades de contribuir para la solución de problemas ingentes que aquejan a la población y también de la oportunidad de posicionarse ante sus grupos de interés como entidades que aportan a las poblaciones en donde operan o a la sociedad en general.

Las más afectadas con la resolución mencionada son las empresas “business to business” (aquellas que no tienen productos o servicios al consumidor), cuya opción para hacer presencia con grandes audiencias es el desarrollo y difusión de las actividades que realiza en favor de la comunidad. Este tipo de empresas, en su mayoría, basa su estrategia de posicionamiento ante sus públicos objetivo en las actividades que realiza para apoyar a grupos vulnerables.Para las empresas, el costo para realizar actividades que las diferencien de sus competidoras, locales e internacionales, crecerá en forma exponencial. De no realizarse representará una desventaja competitiva, especialmente ante sus rivales de otras latitudes (empresas multinacionales).

Un artículo difundido en Ruiz Healy Times afirma que “estas disposiciones legales desafortunadamente encuadran dentro de la lógica autoritaria del actual régimen, enfocada a romper las redes de la sociedad civil que pudieran representar cualquier contrapeso del mismo. Desde luego, estas modificaciones violan disposiciones constitucionales como la de libre asociación y restringe derechos humanos fundamentales, pero su defensa en tribunales resulta ineficiente, pues la autoridad fiscal puede cancelar una autorización y destruir una o varias asociaciones de manera inmediata, mientras que la protección judicial sería extemporánea”. Agrega que “si bien todo el régimen legal y fiscal de las donatarias autorizadas ha sido estructurado expresamente como una Espada de Damocles para mantenerlas siempre en riesgo de subsistencia, la Miscelánea Fiscal resulta en un exceso inadmisible que debe ser enmendado  por la autoridad fiscal. Resulta a todas luces inaceptable que se pretenda poner a los miembros de este tipo de nobles organizaciones, que contribuyen a resolver graves problemas nacionales, en la disyuntiva de escoger entre unas y otras en las cuales participar. Finaliza con la siguiente reflexión: “Hay que evitar a toda costa dañar las obras sociales en que la sociedad civil organizada ha promovido la justicia social y el bien común”.

El “efecto dominó” que tendrán resoluciones como la mencionada no se han dimensionado, pues alrededor de esos proyectos hay derramas económicas importantes y empleos que se perderán.

No todo lo que brilla es oro. Las medidas propagandísticas y populistas conllevan costos ocultos que traerán en el futuro consecuencias lamentables.