El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), advirtió que cuatro de cada diez ataques contra periodistas o personal de medios de comunicación en México posiblemente tienen relación con funcionarios públicos.

“Esta preocupante cifra subraya la urgente necesidad de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país”, afirmó Jesús Rey Fierro, presidente del GIDH. El también reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que cifras oficiales del Mecanismo de Protección indican que se registraron 834 ataques contra defensores y periodistas en el país entre octubre de 2012 y hasta noviembre de 2023.

Detalló que, de este total, 356 (un 43%), se atribuyen probablemente a funcionarios públicos y 276 (33%) a actores no estatales, como grupos de la delincuencia organizada.

Comentó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solo logró 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas entre 2012 y diciembre de 2023, incluidos amenazas, robos, tortura y homicidios, con penas que van desde dos días hasta 50 años de prisión.

Sin embargo, lamentó, “solo se obtuvieron ocho condenas por asesinatos de periodistas en este periodo”.

El presidente del GIDH criticó que las cifras sobre homicidios de periodistas varían entre las mismas autoridades federales, y mencionó que la Feadle registró 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, de los cuales solo consideró que 30 estaban relacionados con el ejercicio periodístico.

En contraste, agregó, la Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas, hasta octubre de 2022″.

Ante las diferentes cifras y realidades oficiales, Fierro pidió al Gobierno mexicano tomar medidas urgentes para fortalecer el Mecanismo de Protección, incluida la asignación de recursos adecuados y la implementación de un sistema de monitoreo, evaluación efectiva y protección eficaz para garantizar la integridad de los informadores profesionales.

El pasado 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal en México de The New York Times, en su habitual conferencia desde el Palacio Nacional. En respuesta, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante lo que consideró “grave filtración” de datos personales de periodistas en México.

Desde hace unas semanas, el periodista Raymundo Riva Palacio solicitó un amparo luego de que en las conferencias matutinas del pasado 25 y 26 de julio de 2023, se emitió información personal y falsa en la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”, que encabeza Elizabeth García Vilchis, por lo que Riva Palacio consideró que se viola el artículo 6 de la Constitución.

En la semana pasada se informó que el periodista consiguió un amparo definitivo de un tribunal colegiado en la Ciudad de México para que López Obrador evite hacer cualquier comentario hacia su persona, de manera difamatoria, subjetividades o mentiras, durante sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

Al respecto, López Obrador afirmó: “Me quieren silenciar”, reprochando el otorgamiento del amparo al periodista.

“Fíjense qué equitativo, igualitario: ellos pueden calumniarme a sus anchas, y usted quédese callado, no diga nada, aguante”, criticó AMLO.

Esta resolución, si bien no definitiva, es un importante avance para aquellos periodistas que han vivido las denostaciones que hace AMLO desde sus mañaneras.