Tras los lamentables hechos ocurridos en el capitolio a principios de este año, Facebook al igual que otras redes sociales decidieron vetar de manera cuando menos temporal los perfiles del ahora ex-presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las razones fueron más que conocidas. Los comentarios y publicaciones del empresario fueron calificados en más de una ocasión como falsos e inapropiados por citar a la violencia en diversas formas.

Día del juicio 

Aunque muchos de estos vetos fueron levantados a días de que se impusieran, lo cierto es que dentro de Facebook el asunto trascendió a tal grado que luego de varios meses de veto, fue hasta hoy que la red social decidió si vetará de manera definitiva a Trump o permitirá que regrese para ser parte de los millones de usuarios que utilizan esta plataforma.

Lo cierto es que este asunto tendrá una implicación mayor, en donde el hecho de si Donald Trump regresa o no a Facebook solo es una parte del asunto.

Este miércoles, la Junta de Supervisión casi independiente de Facebook dictaminó el futuro de Trump dentro de la red social. El fallo mantuvo la decisión de Facebook, Trump permanecerá suspendido “indefinidamente”.

Lo cierto es que más allá de lo que esta decisión supone para las intenciones de Trump o el negocio de Facebook, lo que queda en medio es las implicaciones que esto trae sobre el rol que las empresas de tecnología estañan jugando para regular el discurso en línea y eliminar los mensajes de odio así como la desinformación, en donde la falta de regulación es la preocupación constante.

Políticos, expertos en libertad de expresión y activistas de todo el mundo están siguieron de cerca la decisión al considerar que el caso de Trump es uno los suficientemente grande para poder evidenciar lo que muchos temen: No existe una regulación real sobre el discurso y contenido que se publica en estos espacios de interacción social.

¿Semiindependiente? El problema 

Hace algún tiempo, Facebook creó el panel de supervisión para dictaminar que contenidos o perfiles deberían de salir del servicio al considerar que son ofensivos o que pueden dañar la salud de la comunicación dentro de la red social y así frenar las constantes críticas sobre la brutal (y no siempre sana) influencia que Facebook tiene tanto en línea como fuera de ella.

Aunque en sus primeros fallos el panel anuló cuatro de cada cinco decisiones de la red social para retirar material cuestionable; lo cierto es que para los críticos de Facebook esta Junta de Supervisión es una mera distracción para atender casos de alto perfil y dejar de lado problemas más profundos que pueden girar alrededor de la red social, todo esto manejado por un grupo de jueces semiindependiente.

“Facebook establece las reglas, es juez, jurado y verdugo y controla su propia corte de apelaciones y su propia Corte Suprema. Las decisiones que toman tienen un impacto en nuestras democracias, la seguridad nacional y la bioseguridad y no pueden dejarse a su suerte en el teatro de lo absurdo ”, dijo Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, una organización sin fines de lucro que critica a Facebook para de Huffpost. “Cualquiera que sea el juicio de mañana, todo este fiasco muestra por qué necesitamos una regulación democrática de las grandes tecnologías”.

PAra el mismo medio, Gautam Hans, experto en derecho tecnológico y libertad de expresión y profesor de la Universidad de Vanderbilt, dijo que considera que la estructura de la Junta de Supervisión es “frustrante y un poco secundaria a las cuestiones políticas y sociales más amplias que tenemos sobre estas empresas”. “Hasta cierto punto, Facebook está tratando de crear un mecanismo de rendición de cuentas que creo que socava los esfuerzos para tener una regulación y legislación del gobierno”, dijo Hans. “Si cualquier otra empresa decidiera, bueno, simplemente subcontrataremos nuestra toma de decisiones a algún organismo cuasi independiente, eso se consideraría ridículo”.

México alerta 

Esto pone sobre la mesa un asunto que sin duda ha sido tema de conversación para muchos gobiernos a lo largo y ancho del mundo, el cual tiene que ver con establecer leyes federales que regulen el contenido que se difunde desde espacios como Facebook.

México ha comenzado a dar los primeros pasos en este sentido. La propuesta llegó de la mano del senador de Morena, Ricardo Monreal, quien puso a consideración de los expertos, especialistas, académicos y usuarios la propuesta de una nueva ley que, entre otras cosas, considera la participación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el ente regulador que autorice los términos y condiciones de las empresas empresa que ofrecen este tipo de servicios.

Adicional, la iniciativa contempla que sea este organismo quien dé seguimiento y solución a las quejas que los usuarios pudieran tener alrededor de la operación de plataformas como Twitter y Facebook.

La iniciativa propone desde multas por bloquear las cuentas de los usuarios hasta la exigencia de contar con un departamento o área especializada y local que se encargue de atender las quejas de los usuarios.

A detalle

De manera puntual, la iniciativa propuesta puede resumirse en los siguientes puntos:

Área de atención especializada

Las plataformas que tengan más de un millón de usuarios en el mercado mexicano, como es el caso de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram y TikTok, por ejemplo, deberán de contar con un departamento que de atención a las quejas de los usuarios que tengan problemas en caso de que su perfil haya sido eliminado o suspendido.

De Profeco al IFT

Se busca que sea el IFT el que regule y vigile la operación de las redes sociales en el país, al tiempo que sea el organismo encargado de atender las quejas de los usuarios, labor que hasta ahora resuelve la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con autorización 

Las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales relevantes (con más de un millón de usuarios), deberán de tener la autorización del IFT para operar en el país bajo términos y condiciones de servicio, sin la previa aprobación del regulador.

Si podrá haber suspensiones 

LAs redes sociales con autorización para operar podrán incluir en sus políticas mecanismos para suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o, en su caso, cancelar en forma definitiva una cuenta, pero estos deberán ser aprobados previamente por el IFT. 

Un área especializada

PAra la cancelación definitiva de una cuenta, las redes sociales deberán contar con un departamento físico conformado por personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente. Así queda prohibido el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas para tal fin.

Conforme a la ley

La suspensión de cuentas en plataformas como Facebook y Twitter deberá acreditarse en términos de los artículos sexto y séptimo constitucional, para asegurar que el mensaje o contenido difundido, incluyendo las noticias falsas; atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Con réplica

Plataformas como Facebook y Twitter deberán de incluir en sus políticas de uso un procedimiento interno para que sus usuarios puedan impugnar la suspensión de su cuenta o perfil, la eliminación de su contenido o la cancelación de su cuenta o perfil, mismo que debería ser aprobado previamente por el IFT y deberá dar garantía de dar respuesta en un plazo no mayor a 24 horas.

Una multa

En caso de que las redes sociales incurran en una violación a los derechos humanos de libertad de expresión, podrían ser sancionadas por el IFT con una multa por el equivalente a un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes en la Ciudad de México, lo que según datos para el 2021 se traduciría en cerca de 82 millones de pesos.

¿Efectiva o no?

Aunque esto apenas es una propuesta se trata de la primera hecha de manera formal sobre este punto en el mercado mexicano y lo que queda por ver es si en realidad es efectiva para cumplir los fines que se buscan.

En entrevista con Merca2.0, José Miguel Mena, Director de Servicios Jurídicos de ClarkeModet México, indicó en principio que “las Instituciones jurídicas con las que cotidianamente interactuamos en el mundo real efectivamente son replicables en el mundo digital, y de hecho muchas de nuestras instituciones jurídicas reales ya regulan el mundo virtual. (…) En el caso de las redes sociales, estas están más vinculadas a la libertad de expresión que a otros tipos de derechos, en este sentido incluso la protección a la libertad de expresión está siendo tutelada por diversas instituciones jurídicas, como ejemplo de esto tenemos casos que han sido llevados a la justicia real motivados por conductas realizadas en el mundo digital, tales como: la violación a la privacidad o a la intimidad de las personas, daño a la imagen o al honor de las personas, o los casos de discurso de odio que incitan a la violencia y que han sido llevados a la justicia”.

De manera puntual, al hablar de la propuesta que busca regular a Facebook y Twitter en México, el especialista aseguró que “esta regulación, desde un punto de vista amplio, no es algo propiamente nuevo, ya que las redes sociales tienen como una primera fuente de regulación los términos y condiciones que ellas mismas imponen y los cuales se van actualizando y adaptando con base en una serie de principios a partir de los cuales se pretende proteger la libertad de expresión, pero sobre todo el buen uso de la plataforma, estableciendo ciertas limitaciones”.

De esta manera fue enfático en indicar que “las conductas realizadas en el entorno digital no deben estar exentas de regulación como cualquier otra conducta, y como lo mencioné anteriormente, muchas de nuestras instituciones jurídicas ya regulan el entorno digital, por lo que sería consecuente regular el uso de las redes sociales. Ahora bien, no podemos dejar de ver que existe un riesgo latente de los posibles excesos por parte de los dueños de las redes sociales vinculados con el bloqueo o cierre de las cuentas, afectando la libertad de expresión de los usuarios y, en consecuencia, abriendo la puerta a que las entidades privadas, en este caso las redes sociales, puedan violentar derechos humanos”.

“El estado debe establecer criterios muy objetivos antes de regularlas para evitar violar un derecho humano fundamental como lo es la libertad de expresión. No obstante, a pesar de que las redes sociales aceptan criterios de presunción de cobertura de todos los discursos, también es importante no dejar de ver que existen otros derechos que deben ser salvaguardados en su uso, por lo que sería necesario buscar un equilibrio al momento de ponderar los derechos afectados, y me parece que esto no se lo podríamos dejar al árbitro de las redes sociales, por lo que la intervención del estado seguramente traerá muchos beneficios”, concluyó.