Algunos legisladores se han revestido de un manto de impunidad que los coloca prácticamente fuera de todo control social, trastocando el decoro y la cordura, sin el menor respeto a su investidura y a la ética.
Un viejo refrán que dice que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En una sociedad, por igual, los lazos culturales que unen a sus miembros son tan nobles como los que se inculcan a los que forman la gran masa de la población. Los improperios y expresiones vulgares que pronuncian algunos legisladores son ampliamente difundidos por los medios colectivos de comunicación y por las redes sociales esparciéndose en la sociedad, lo cual contribuye para que esas formas de expresión se consideren normales y poco a poco se integren al lenguaje del día a día.
Los representantes populares deberían elevar el dialogo social. Si algunos de ellos apelan al lenguaje ofensivo y prosaico, con ello estimulan la mediocridad, al deterioro moral, contribuyendo para el desprestigio y la mala reputación de la institución de la cual forman parte.
Debemos reconocer que en ocasiones todos utilizamos expresiones desagradables o hirientes por motivo de falta de autocontrol y, en algunos casos, “justificadamente” para lidiar con una situación que requiere ser revestida de un carácter que sólo las “malas palabras” pueden conllevar el verdadero significado dramático de lo que pretendemos exteriorizar o enmendar. Pero otra cosa es hacerlo con la carga de una investidura de una persona moral como lo es el Poder Legislativo.
Justo Villafañe, considerado el padre de la teoría de la reputación, acuñó el concepto “transferencia reputacional”, el cual alude al hecho de que el producto de la conducta de los representantes de una empresa o institución -bueno o malo- se transfiere a la misma y viceversa.
La democracia concede a todos los ciudadanos la posibilidad de expresar sus ideas libremente, sin ser censurados o castigados por ello. Sin embargo, debe tomarse en cuenta la diferencia entre hablar por sí mismo y hacerlo con una investidura, como la de la dirección de una empresa o, en este caso, las cámaras legislativas, que son uno de los tres Poderes de la Unión.
Las entidades (empresas o instituciones) son entelequias, personas morales. Les dan vida sus dirigentes, voceros y su personal en general, quienes se dirigen en su nombre a sus interlocutores. Según este razonamiento, la conducta de los diputados y senadores son las que construyen con sus dichos y acciones la reputación del Poder Legislativo de nuestro país, por lo cual inciden, para bien o para mal, en la construcción de la reputación de México dentro del país y en el mundo.
Los medios colectivos de comunicación (diarios, radio y televisión) y los medios digitales y las redes sociales, en consonancia con su labor de difundir lo que está ocurriendo, reproducen las declaraciones de los personajes de la vida nacional, incluyendo las referidas expresiones de los legisladores, con lo cual contribuyen para fomentar la tendencia al mal uso del lenguaje, la violencia y la incivilidad, lo cual poco a poco normaliza estas prácticas, nocivas para la sociedad, todo ello encubierto con la bandera de la libertad de expresión.
No debe restringirse el derecho de expresión mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, pero es necesario apelar a la prudencia de quienes se expresan con lenguaje altisonante y vulgar, obligados por sus limitaciones de léxico y de habilidad para comunicarse con propiedad, especialmente cuando saben que sus peroratas serán ampliamente difundidas y que con ello deterioran tanto su reputación como la del poder que representan y de nuestro país.