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Exhiben a empresa residencial que promueve la gentrificación en Baja California

“Nos encanta la gentrificación”. Con ese lema, una empresa inmobiliaria en Baja California ha encendido la indignación en redes sociales
  • Según datos del INEGI, más de 1.2 millones de extranjeros residían en México en 2021, una cifra que ha ido en aumento con el auge del trabajo remoto y la migración de jubilados.

  • Entidades como Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco y la Ciudad de México han registrado un alza significativa en población extranjera, y con ello, en el precio de las viviendas, muchas veces duplicando su valor en menos de una década.

  • La falta de regulaciones estrictas es la principal razón de la ventaja de compra extranjera, refiere Dinero.Mx 

La gentrificación, un fenómeno que ha ganado terreno en diversas ciudades del mundo, también ha llegado a Baja California, y recientemente se ha desatado una polémica tras la exposición de una empresa que promueve la privatización de playas en la región. El video, difundido por el influencer “Super Cívico”, muestra cómo la empresa mexicana de nombre “Al Mar” insta a los extranjeros a comprar terrenos en las playas de Baja California, utilizando el atrevido lema “Nos encanta la gentrificación”, lo que ha causado indignación entre defensores de los derechos locales y ciudadanos preocupados por la pérdida de acceso a espacios públicos.

El video, que ha recorrido rápidamente las redes sociales, revela el poco profesionalismo de la empresa, al transmitir en su campaña un mensaje que, además de promover la compra de terrenos en áreas costeras, menciona también frases como “aprovecha que el dólar ha subido”, en un intento por atraer a compradores extranjeros. Este tipo de comentarios no solo han sido criticados por su falta de ética, sino también por la percepción de que buscan aprovecharse de la situación económica para desplazar a las comunidades locales.

El video se volvió viral, y rápidamente los habitantes de Baja California comenzaron a unirse en una protesta en contra de la privatización de las playas. “La playa es del pueblo”, ha sido uno de los lemas que ha cobrado fuerza, ya que muchos consideran que estos terrenos no deben estar a disposición de grandes intereses privados, sino que deben permanecer como espacios de libre acceso para todos.

La exposición de esta empresa ha abierto un debate sobre la gentrificación, un proceso que en muchos casos conduce al desplazamiento de las comunidades originales, y que en este caso, parece dirigirse a la desposesión de uno de los recursos más valiosos de la región: sus playas.

Varios defensores del medio ambiente y líderes comunitarios han denunciado que este tipo de prácticas podrían poner en riesgo no solo el acceso libre a las playas, sino también el equilibrio ecológico de la región. La comunidad se muestra cada vez más consciente de los impactos que la gentrificación puede tener, tanto en lo social como en lo cultural, y han comenzado a organizarse para defender lo que consideran un derecho fundamental: el acceso libre a la playa.

En este contexto, la controversia sobre la empresa “Al Mar” pone en evidencia la creciente lucha entre intereses privados y la preservación de los bienes comunes, en un escenario donde la gentrificación amenaza con transformar una de las zonas más icónicas de Baja California en una propiedad exclusiva para unos pocos extranjeros, que en la mayoría de los casos no pagan impuestos.

Y es que, en los últimos años, México se ha consolidado como un destino privilegiado para compradores extranjeros en busca de una segunda residencia, retiro o inversión. Sin embargo, este auge inmobiliario no ha sido homogéneo ni ha beneficiado a todos por igual. Mientras inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos encuentran en el país una opción accesible para adquirir propiedades, millones de mexicanos enfrentan cada vez más barreras para acceder a una vivienda digna.

Destinos turísticos como Los Cabos, la Riviera Maya, Puerto Vallarta y Baja California, así como zonas urbanas de alta plusvalía como algunas colonias de Ciudad de México y Guadalajara, han sido los principales focos de este fenómeno. Atractivos por su ubicación, estilo de vida y bajo costo relativo frente a otras grandes ciudades del mundo, estos territorios han sido transformados por el auge de desarrollos de lujo pensados principalmente para el mercado extranjero.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI), la inversión extranjera en bienes raíces en México crece a un ritmo de 18% anual, con una derrama superior a los 800 millones de dólares. Pero más allá de los números positivos para el sector, este crecimiento ha detonado una crisis silenciosa: la progresiva exclusión de los mexicanos del mercado inmobiliario formal.

La disparidad es evidente. Mientras muchos ciudadanos nacionales dependen de créditos hipotecarios para adquirir casas de entre 1 y 2.5 millones de pesos, los compradores extranjeros con ingresos superiores a los $60,000 dólares anuales suelen pagar propiedades de más de $300,000 dólares en efectivo, lo que les permite adquirir viviendas en zonas estratégicas sin competencia real. Esta diferencia de poder adquisitivo no solo encarece el suelo y la vivienda, sino que redefine quién tiene derecho a habitar ciertos espacios.

El marco legal mexicano ha facilitado esta expansión. A través de mecanismos como los fideicomisos bancarios, los extranjeros pueden comprar propiedades incluso en la franja costera y fronteriza, áreas que constitucionalmente estaban restringidas. Aunque estas políticas buscan dinamizar la economía local, en la práctica han contribuido a una forma de colonización inmobiliaria que desplaza a comunidades, encarece servicios y transforma el tejido social.

El contraste con la realidad nacional es crudo. Al cierre de 2024, el salario base promedio registrado ante el IMSS rondaba los $17,600 pesos mensuales, una cifra que apenas representa una fracción de los ingresos de un comprador extranjero promedio. Incluso con los programas de apoyo como INFONAVIT y FOVISSSTE, muchos mexicanos no pueden costear una vivienda en las zonas donde nacieron o trabajan.

En este contexto, lo que para unos representa una oportunidad de inversión, para otros se traduce en exclusión, pérdida de arraigo y desplazamiento. El fenómeno de la gentrificación, particularmente en zonas turísticas y de alta demanda, ya no es solo un tema urbano: es un reflejo de una desigualdad estructural que sigue creciendo.

 

 

 

 

 

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