La industria farmacéutica no anda de buen talante y tiene toda la razón de estar en ese ánimo, sobre todo después de que la Secretaría de Salud (SSA) emitiera un decreto para permitir la importación de medicamentos, incluso sin contar con la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris, órgano regulador sanitario), lo cual no ha sido bien visto por este ramo económico, tanto por el posible daño a la salud de los pacientes como a la industria local.

El decreto de modificación a la ley para adquirir medicamentos en el extranjero se publicó el pasado 28 de enero en el Diario Oficial de la Federación, donde se puntualiza que no será obligatorio que los medicamentos que ingresen al país cuenten con la autorización expresa de la Cofepris, en tanto tengan la aprobación de autoridades regulatorias internacionales.

Ante ello, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que agrupa a los industriales del sector, ha reaccionado y dicho que la medida de la SSA y la consecuente importación de medicamentos sin autorización de la agencia sanitaria, riesgos en los ámbitos antes mencionados: la salud de los pacientes y el impacto económico en el sector en el mediano plazo.

La medida de la SSA se dio recientemente en el contexto del desabasto de medicamentos en hospitales del país y los retrasos en las compras consolidadas, pero la solución, las adquisiciones urgentes, no convencen para nada a las industrias farmacéutica y sector salud.

La verdad es que la Canifarma tiene mucha razón en estar molesta con la medida, pues por un lado se pone en alto riesgo a las inversiones hechas por el sector durante décadas, además de la pérdida de empleos, y, por otro lado, ignorar a las autoridades sanitarias del país es, sin duda, un alto riesgo para la salud de los pacientes.

Rafael Gual, director de la Cámara, ha alertado a los medios sobre los riesgos a la salud de la población que podría tener la aplicación de dicha medida, más que nada porque en el acuerdo dice que se podrán importar productos que aparezcan en el listado de precalificados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero el mismo organismo ha dicho “que la inclusión en esa lista no es un aval y que los productos no cumplen con los estándares necesarios o la aprobación regulatoria, y se exime de responsabilidad por uso de los productos de esa lista”.

Por su parte, la Cofepris ha aseverado que hará lo necesario para asegurar que los medicamentos importados cuenten con calidad y seguridad a través de su registro, análisis de lotes, revisión y farmacovigilancia. Sin embargo, los industriales del ramo, que conocen como nadie el ser y quehacer de la Cofepris, han alzado la voz para decir que estos medicamentos importados requerirán “registros al vapor”, dado que el proceso para registrar un medicamento puede demorar un año, o incluso mucho más, como sucedía en los tiempos de Miguel Ángel Toscano, ex comisionado que heredó una gran bola de nieve en trámites regulatorios.

La gran pregunta es: ¿por qué importar medicamentos del exterior (que podrían ser de alto riesgo para la población, dado que no tendrían una correcta revisión por parte de la autoridad sanitaria) cuando la planta farmacéutica -nacional y foránea- instalada a lo largo y ancho del país puede surtirla?

La respuesta debe encontrarse en tres hechos: 1) el gobierno de la 4T todavía está en una costosa curva de aprendizaje (en particular la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP), lo cual ha retrasado en varias ocasiones la compra consolidada; la reciente puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi. que apenas ha dado sus primeros y titubeantes pasos), y el combate a la corrupción, el cual nadie, en teoría, debería objetar.

En conclusión, lo cierto es que el gobierno de la 4T debería apostar (como sucedió hace 11 años con la llegada del H1N1) a resolver la actual crisis de desabasto de medicamentos de la mano de la industria farmacéutica instalada en México y no irse por soluciones rápidas que podrían tener graves efectos en la salud de los pacientes y en la economía de la nación.