La Reforma Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado una intensa polarización política en México. Desde su aprobación en el Senado de la República y la mayoría de los congresos estatales, este tema se ha mantenido en el centro de la conversación digital. De hecho, las búsquedas relacionadas con la reforma judicial de AMLO siguen en aumento, mientras que términos como “En qué afecta la reforma judicial” han despuntado en las últimas 24 horas.
Para los expertos en mercadotecnia, entender los impactos de este tema es clave, ya que afecta no solo el ámbito legal, sino también el entorno de negocios, la confianza pública y la percepción de seguridad jurídica en México.
Elección de jueces por voto popular: ¿Democratización o politización?
Uno de los puntos más relevantes de la reforma judicial 2024 es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Es quizá el corazón de la iniciativa.
Según los defensores de la reforma, este cambio elimina el modelo tradicional, en el que el Presidente de la República proponía ternas y el Senado seleccionaba a los jueces. Esto, argumentan, democratiza el sistema judicial al hacer que los jueces respondan directamente a los intereses de la ciudadanía.
Sin embargo, los críticos sostienen que este modelo expone al Poder Judicial a las mismas influencias políticas que afectan las elecciones legislativas y ejecutivas.
En lugar de elegir a jueces basándose en su competencia jurídica, el proceso electoral podría derivar en elegir a personajes populares pero sin suficiente conocimiento legal podrían ser elegidos.
¿Cómo se eligen los jueces actualmente?
Actualmente, el sistema judicial en México se basa en la carrera judicial, en la cual los jueces son seleccionados por mérito a través de concursos de oposición, lo que garantiza que aquellos que acceden a estos cargos tengan la formación, experiencia y competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficaz e imparcial.
Sin embargo, la reforma busca transformar completamente este modelo al permitir que los ciudadanos elijan directamente a los integrantes del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ventajas de la reforma judicial según Morena y Claudia Sheinbaum
Uno de los principales argumentos de Morena y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, para defender la reforma judicial es que el sistema actual de elección de ministros de la Suprema Corte permite la designación de ministros “a modo”, es decir, jueces que podrían alinearse con los intereses de ciertos grupos políticos.
Según esta visión, la reforma busca corregir este problema al trasladar el poder de decisión directamente al pueblo a través del voto popular.
Sheinbaum ha defendido esta medida como una forma de conceder mayor poder a la ciudadanía, argumentando que con el modelo actual, los ministros de la Corte pueden ser seleccionados a través de negociaciones políticas, beneficiando a los grupos en el poder.
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¿Cómo funcionaría la elección de jueces por voto popular?
El nuevo modelo de la reforma judicial 2024 establece que los jueces, magistrados y ministros serían elegidos por votación directa y secreta el mismo día de las elecciones federales ordinarias, es decir, el primer domingo de junio.
Esto incluiría a jueces federales y locales, y se aplicaría también para los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual se crearía para sancionar a jueces en caso de cometer faltas graves.
Para ser candidato a uno de estos cargos, las personas deberán cumplir ciertos requisitos mínimos, como ser ciudadano mexicano, tener un título en derecho con al menos cinco años de antigüedad y contar con buena reputación. Sin embargo, uno de los principales puntos críticos es que no se exige experiencia previa en el ámbito del Poder Judicial, lo que significa que cualquier persona con los requisitos básicos podría postularse para un cargo judicial, sin importar su preparación o conocimientos específicos en el ejercicio de la justicia.
Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien no recibiría un presupuesto para ello. Los candidatos no podrán recibir financiamiento público o privado para sus campañas, ni contratar espacios en radio o televisión, podrán participar en debates y foros organizados y hacer uso de los tiempos oficiales en medios electrónicos.
A primera vista, esto suena como una democratización del sistema, pero plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la calidad de los jueces que podrían ser electos.
¿Es viable la elección popular de jueces?
Aunque el argumento a favor de la elección popular de jueces parece atractivo desde el punto de vista democrático, los expertos en derecho y constitucionalistas advierten que politizar el proceso judicial podría debilitar gravemente la independencia del Poder Judicial. El riesgo de que los jueces sean influenciados por intereses políticos, en lugar de aplicar la ley de manera imparcial, es alto.
El problema fundamental radica en que los ciudadanos, en su mayoría, no cuentan con suficiente información o conocimiento sobre los candidatos para tomar una decisión informada al votar.
En elecciones de baja información, como las judiciales, es común que los votantes elijan a los candidatos basándose en factores como su afinidad política, carisma o campañas mediáticas, en lugar de su competencia técnica o trayectoria profesional. Esto abre la puerta a que los jueces puedan ser elegidos por razones que nada tienen que ver con la imparcialidad o la calidad judicial, sino más bien con el favoritismo político.
Esto sin considerar la posible influencia del crimen organizado en algunas regiones del país, donde podría impulsar a candidatos a modo según sus intereses.
Un ejemplo claro para explicar los alcances de la reforma. Imagina que en una empresa de marketing, los analistas de datos que deben tomar decisiones clave sobre el rumbo de las campañas publicitarias son seleccionados por un voto popular, en lugar de por sus habilidades o experiencia. Los resultados serían, en muchos casos, confusos o ineficaces, ya que la elección se basaría en la popularidad de los candidatos, y no necesariamente en sus competencias técnicas. Lo mismo ocurre con la elección de jueces: elegir jueces por voto popular podría poner en riesgo la imparcialidad y la calidad de sus decisiones, lo que afectaría gravemente la justicia en el país.
¿Por qué es importante que el Poder Judicial sea independiente?
Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia es un Poder Judicial independiente, que pueda actuar como un contrapeso al Ejecutivo y Legislativo.
En un sistema donde los jueces dependen del voto popular para obtener y conservar su cargo, es probable que sus decisiones sean influenciadas por las mayorías políticas, en lugar de estar basadas en la ley y en los principios de justicia. Esto representa un riesgo para los derechos humanos, ya que los jueces podrían verse presionados para fallar en favor de intereses políticos, económicos o de las mayorías, en lugar de proteger los derechos de las minorías.
10 datos clave sobre cómo nos afecta la reforma judicial propuesta por AMLO
- Elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular: La ciudadanía tendría la responsabilidad de elegir a los integrantes del Poder Judicial, lo que podría politizar la justicia y comprometer la independencia de los jueces.
- Riesgo de pérdida de independencia judicial: Los jueces podrían verse presionados a tomar decisiones que agraden a las mayorías o a los partidos políticos que los apoyan en lugar de aplicar la ley de manera imparcial.
- Impacto en la certeza jurídica: La politización del sistema judicial generaría incertidumbre sobre la imparcialidad de los fallos, lo que podría disuadir la inversión extranjera y afectar la economía del país.
- Incremento en la inseguridad jurídica: Si los jueces son electos por su popularidad y no por su experiencia, las decisiones judiciales podrían carecer de la solidez técnica necesaria para resolver casos complejos.
- Mayor riesgo de corrupción: Al someter el sistema judicial a elecciones, los jueces podrían estar más expuestos a ser influenciados por intereses privados o criminales, lo que agravaría la percepción de corrupción en el sistema.
- Falta de información sobre los candidatos: En una elección con miles de aspirantes, los votantes podrían no tener suficiente información sobre la capacidad y experiencia de los candidatos, lo que podría llevar a la elección de jueces inadecuados.
- Costos elevados de implementación: La organización de elecciones judiciales podría suponer un gasto significativo para el Estado, calculado en miles de millones de pesos, lo que representa una carga financiera innecesaria.
- Posible aumento en la violencia política: Los candidatos a jueces, magistrados y ministros pueden estar expuestos a la violencia política y a las amenazas del crimen organizado durante las campañas, como ha sucedido en elecciones legislativas y ejecutivas.
- Interrupción de procesos judiciales: La sustitución inmediata de jueces y magistrados provocaría la interrupción de millones de casos judiciales en curso.
- Desmantelamiento del sistema de carrera judicial: La reforma eliminaría el sistema meritocrático actual, lo que afectaría la profesionalización del Poder Judicial y abriría la puerta a que personas sin la formación adecuada lleguen a ocupar cargos judiciales clave.
¿Por qué la reforma judicial de AMLO es insuficiente?
Aunque la intención de la reforma es bienintencionada, al buscar acabar con la corrupción y el elitismo en el sistema judicial, a la luz de los datos queda claro que es insuficiente. Uno de los principales problemas es que la reforma no aborda las deficiencias en las fiscalías, ministerios públicos y cuerpos policiales, que son los primeros actores en el proceso judicial.
Para documentar lo anterior, el siguiente dato es contundente:
De cada 1,000 delitos cometidos en México, solo 100 son denunciados ante las fiscalías, y de esos, apenas 4 llegan al Poder Judicial. Esto significa que la mayoría de los crímenes en el país no se investigan adecuadamente o no llegan a juicio, lo que contribuye a una percepción generalizada de impunidad y corrupción.
Reformar el sistema judicial sin mejorar la eficiencia de las fiscalías y ministerios públicos no resolverá el problema de fondo: la impunidad.
Para la realización de este contenido se consultaron:
- Minuta de la Reforma al Poder Judicial
- Análisis de la iniciativa de reforma al poder judicial en México: Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial presentada el 5 de febrero de 2024, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Centro de Estudios Constitucionales
- Academia Mexicana de Ciencias Penales: Postura frente a la reforma judicial
- Numeralia: Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la reforma judicial de México Evalúa
Jornadas Nacionales sobre la Reforma del Poder Judicial: La Reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura
