Por Pamela Luna
La autorregulación no fue suficiente para evitar el mal uso de la información por parte de las empresas de mercadotecnia directa. Para poner orden, hubo que recurrir al gobierno.
Uno de los retos más importantes para la industria de la mercadotecnia directa estaba dirigido a alcanzar la autorregulación de las firmas que la conforman. Esta labor siempre ha sido una tarea complicada, debido a que, a pesar de los discursos, aún existen compañías que continúan con la mala administración de la información proporcionada por los clientes. La aplicación de la teoría en algunos casos se ha quedado sólo en buenas intenciones.
Muchas personas se quejan de la presión y la molestia que representa para ellos el que las empresas dedicadas, principalmente, al telemarketing interfieran con la vida cotidiana de los clientes. Ante tal problema, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tuvo que intervenir y puso en marcha el Registro Público de Consumidores, con el cual quienes no desean recibir llamadas telefónicas de proveedores de servicios en los sectores de telecomunicaciones, turístico o comercial, pueden inscribirse en este registro y así estar exentos de esta invasión a su privacidad. Tal ha sido la demanda de esta opción que hasta el 26 de diciembre del año pasado, ya se habían inscrito 46 mil números telefónicos.
