Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son el rubro que más empleos aporta a la economía mexicana y su importancia es tal que generan el 52% del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, su contribución económica es poco valorada por el resto del sector empresarial e incluso por el gobierno, que dentro de sus operaciones normales fomentan prácticas que pueden poner en un alto grado de vulnerabilidad a los pequeños negocios.

Una de las costumbres empresariales que con frecuencia pone en aprietos a las Mipymes son los retrasos de los pagos por parte de los clientes, práctica común no solamente en la iniciativa privada, sino también en las instituciones de gobierno. En el mejor de los casos, estos periodos pueden ir de 30 a 60 días, pero hay situaciones en donde el retraso es de un año o más.

Si bien trabajar con clientes morosos de solidez comprobada y atractivas igualas puede traer ventajas como la relativa estabilidad de la empresa y el fortalecimiento del prestigio a través de la cartera de clientes, a la larga puede ser un dolor de cabeza, sobre todo para los negocios emergentes o los que prefieren mantenerse en dimensiones reducidas, pues cualquier retraso en los pagos significa un reto para sus finanzas.

El índice de mortandad de las Mipymes es muy alto —de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 36% de los nuevos negocios desaparecen durante el primer año de operación, mientras que el 70% no llega a los cinco años—, y si a la inexperiencia operativa le agregamos este tipo de prácticas, ponemos en jaque al segmento empresarial que genera cerca del 99.9% de los empleos en México.

A pesar de la queja de muchas empresas por el retraso de sus pagos, algunas voces manifiestan que esto no es un inconveniente para sus operaciones. La Confederación Nacional de Cámaras de Industriales indicó recientemente que la cobranza no se ha convertido en un obstáculo para la operación de las empresas del sector industrial, aun cuando una tercera parte de los agremiados encuestados indicó que la cobranza sí se ha tornado más lenta.

La realidad de este panorama resulta suficiente para que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas de México no estén en posibilidades de competir en concursos y licitaciones, pues dentro de sus alcances no se encuentra la capacidad de financiar operaciones por varios meses y un retraso importante puede traer como consecuencias el recorte de personal o el cierre definitivo del negocio.

La relación con instituciones de gobierno no es más alentadora. Como ejemplo tenemos a algunas empresas de Veracruz, las cuales han manifestado adeudos millonarios por parte del gobierno en la administración de Javier Duarte: la cadena de tiendas Soriana se queja de un adeudo de 565 millones de pesos por alimentos y otros artículos que supuestamente se entregaron en programas sociales. Si eso le sucede a una gran cadena que cuenta con todos los elementos para defenderse, qué pueden esperar esas empresas donde el dueño es el encargado de prácticamente toda la operación.

Aunque Veracruz es un caso extremo de evidente desfalco y desvío de recursos, con las consecuencias que todos conocemos, la falta de fondos en las arcas de las entidades federativas o empresas privadas casi siempre son consecuencia del denominado “jineteo”, que no es más que aprovechar la liquidez que se tiene dentro de la dependencia para realizar inversiones a largo plazo o resolver problemas con que pudieran tener un impacto mediático. Las Mipymes siempre son la última prioridad.

Por todo esto, es necesario fortalecer los mecanismos que garantice el cumplimiento de los contratos, tanto en la iniciativa privada como en la pública, pues no existe un organismo que vigile estos asuntos, y una demanda de incumplimiento o nulidad de contrato sería un recurso que evidentemente traería como consecuencia dejar de trabajar con ese cliente.

O incluso debería considerarse la creación de una institución u organismo independiente que sirva de mediador en estos asuntos, y vele por que se creen mecanismos que impulsen el crecimiento de las Mipymes.